La denuncia formulada por el abogado Miguel Ángel Pierri, quedó radicada en el juzgado federal 2 a cargo de Jorge Luis Ballestero, con intervención del fiscal federal Miguel Ángel Osorio.
En su presentación Pierri subrayó que los funcionarios denunciados priorizaron “sobre el interés general” el “interés de bancos privados que aún contando con el dinero para devolver a sus ahorristas, encontraron en el Estado Argentino, la mejor forma de no hacer frente a sus obligaciones”.
“Nuestros legisladores parecen haber olvidado por quienes fueron elegidos y a quienes representan, porque lejos de velar por los intereses del pueblo, entre gallos y media noche y con una rapidez que para nada se condice con el tratamiento que le dan a otras leyes tan o mas importantes que la cuestionada, resolvieron la forma de salvar a vaya a saber quién de la justicia misma”, enfatizó.
Al fundar la denuncia, el letrado recordó que al sancionarse la llamada “ley tapón”, si bien se cumplieron con todos los pasos para la formación de leyes, “ello no obsta para que la misma resulte a todas luces inconstitucional en atención al contenido de la misma, siendo que lo único que hace es violar normas establecidas por nuestro Código Procesal Civil y Comercial, que hacen al debido proceso y que hasta estos días jamás habían sido puesto en crisis por absolutamente nadie”.
De esa forma, indicó Pierri, “dicha norma deja sin efecto las medidas cautelares previstas por el artículo 230 del CPCC, respecto de los incisos 1º. Y 3º.” y “en otro párrafo establece que en ningún caso las medidas cautelares que se dispongan podrán tener idéntico objeto que el perseguido respecto de que deba ser materia del fallo final de la causa, ni consistir en la entrega bajo ningún título al peticionario de los bienes objeto de la cautela”.
Abunda al advertir que en el artículo cuarto de la “ley Tapón” se modifica el sistema previsto para la apelación de las medidas cautelares y “así mientras hasta ahora los mencionados recursos se concedían con efecto devolutivo, desde el dictado de la misma los recursos de apelación se concederán con efecto suspensivo”.
Pierri resaltó en su denuncia que “el dictado de la mencionada norma no hace mas que seguir violando el derecho de propiedad, plasmado en nuestra constitución” y “contrario al derecho vigente en nuestro país”.
Por último, recordó que las entidades financieras y el Estado provocaron que los ahorros de la sociedad “se volvieran ilusorios” mediante un decreto “inconstitucional” como el que impuso el “corralito”, y advirtió que “si ahora permitimos que con total impunidad rasuren parte de lo que nuestro sistema procesal civil prevé para garantizar el éxito de una demanda justa”, correrá peligro el sistema democrático.