Para Barcesat, la ley que impide la efectivización de mandatos judiciales para escapar del corralito hasta obtener sentencia firme “constituye una intromisión abierta del Gobierno federal en la tramitación de las causas en que el propio Estado nacional es parte demandada”.
El letrado afirma que la actitud del Parlamento y el Ejecutivo permite que “los bancos prosigan con una retención indebida de los depósitos” e “implica un desbaratamiento de los derechos acordados entre los particulares y las entidades bancarias”.
El letrado entiende además que la confección de la norma cuestionada pudo tener la “complicidad” de la Asociación de Bancos de la República Argentina, por lo cual pidió al juez –recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral- que disponga un allanamiento a la sede de esa entidad y otro en el Ministerio de Economía.