Di Tella fue indagado hoy por el juez federal Jorge Urso y durante casi dos horas remitió la respuesta a las preguntas que se le formularon a un extenso escrito de más de 200 carillas y solo se limitó a efectuar "algunas aclaraciones".
En ese escrito rechazo "absolutamente" haber cometido acto ilícito alguno, así como también su pertenencia a cualquier tipo de "asociación ilícita"; aportó documentación que probaría que Venezuela y Panamá compraban armas por aquella época y reiteró que los cables en los que se le alertaba sobre las operaciones con Ecuador y Croacia nunca llegaron a sus manos sino a estamentos inferiores de la Cancillería a su cargo.
El ex canciller aseguró que las noticias sobre las operaciones de venta de armas a aquellos países "nos desconcertaron e indignaron" ya que la Argentina era garante y "pacificador” en el conflicto entre Perú y Ecuador, y recordó que "unos días antes de estos episodios (10 de febrero) habíamos promovido desde la Cancillería (y había sido suscripto por el Presidente) un decreto que prohibía expresamente la venta de armas a ambos países hermanos. Y desde principios de 1992 existía un decreto que convertía en legislación interna el embargo de armas a los países de la ex Yugoslavia".
"Por supuesto, jamás habíamos sospechado que las ventas que habían sido legalmente autorizadas (a Venezuela y Panamá) pudieran ser desviadas ilegalmente. Actuamos cuando tuvimos información sobre irregularidades. No la tuvimos antes de 1995", aseguró el ex titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por otra parte, también deslindó responsabilidades respecto de la firma de los decretos que autorizaban las operaciones que son investigadas por la justicia al sostener que los mismos "llegaron a mi firma originados en el Ministerio de Defensa, con la firma del ministro de esa cartera, elevados por la estructura orgánica de la Cancillería y aprobados por la Comisión Tripartita tras el análisis de numerosos organismos".
En ese sentido, Di Tella aseguró que él no tuvo "participación directa alguna en su elaboración" y que no intervino "en su trámite por la vía de consultas previas" ni dio "instrucción alguna sobre el tema al personal de la Cancillería que participó en la tramitación ni fui consultado por este".
También hizo mención al cable cifrado que envió a la Cancillería el ex embajador en Perú Arturo Osorio Arana alertando sobre rumores que circulaban en la inteligencia militar de ese país respecto de que Argentina estaba vendiendo armamento a Ecuador cuando se desarrollaban la llamada "Guerra del Cóndor".
En ese sentido, Di Tella aseguró que él no conoció la existencia "de ese cable hasta tres años más tarde" y por esa razón "mal se me puede imputar que quisiera ocultarlo".
"Si los funcionarios de Cancillería encargados de enviar toda la documentación, primero al Procurador y luego al juzgado, no lo incluyeron en el envío de centenares de cables, ello se debió, estimo, a un error involuntario" y "lamentable".
Por otra parte desechó los argumentos señalados en la causa respecto de que la venta de armas a Venezuela y Panamá debió haber despertado "sospechas" ya sea por la falta de fuerzas armadas, o por la capacidad de absorción.
El ex canciller consideró que ese argumento es "falso" , al señalar que ni él ni la Cancillería "como organismo estábamos en condiciones de evaluar si la cantidad de armas amparadas por los decretos era una desmesura puesto que no era materia de mi incumbencia efectuar tales estimaciones".
"Para ello -aseguró- estaban los órganos técnicos del Ministerio de Defensa que, en todo caso, aconsejaban al representante de dicha cartera en la Comisión Tripartita".
La situación procesal de Di Tella y de los demás imputados convocados por el juez Urso será resuelta luego de la indagatoria al ex presidente Carlos Menem el próximo 13 de julio.
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