La medida fue adoptada por la juez en lo Comercial Silvia Irene Rey, a cargo del juzgado número 25, quien hizo suyo el reclamo de los ex trabajadores de la publicación presentado a través de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires contra la central española de la firma prestadora de servicios periodísticos.
La decisión de la magistrada será girada por vía exhorto diplomático a las empresas controlantes de RecolArgentina , Recol Networks y la Sociedad Para el Desarrollo de los Servicios Telemáticos Colegiales y Profesionales, y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.
La página abrió su filial argentina en octubre de 2000 y, sólo seis meses después, presentó su propia quiebra despidiendo a sus 39 trabajadores a quienes adeuda salarios y las indemnizaciones de ley, así como también a acreedores comerciales, incluido el Estado.
Según indicaron los trabajadores, su acción “va mucho mas allá de la justa reivindicación económica de ley, para cuestionar un modelo que, en el marco de la globalización, alienta aventuras empresarias para las cuales no fija ningún marco regulatorio”.