Sobre Mathov, quien para el tiempo de los hechos era el secretario de Seguridad Interior de la Nación, el fiscal dice que hay “distintos elementos de prueba” en la causa que “permiten alcanzar un grado de certeza suficiente” para “dictar el procesamiento con prisión preventiva” de Mathov como “autor penalmente responsable de los homicidios” cometidos por la Policía.
Mathov está procesado y sigue detenido por orden de Servini, pero sólo por no haber comunicado a sus superiores sobre las detenciones efectuadas por la Policía Federal. Después de la falta de mérito en torno a los asesinatos, el ex funcionario quedó un paso más cerca de recuperar la libertad con una medida de la Sala I de la Cámara Federal, donde está pendiente de resolución un recurso de apelación del abogado Jorge Valerga Aráoz.
Sobre De la Rúa y Mestre, el fiscal Evers apeló la falta de mérito dispuesta por Servini y consideró que ambos “abusaron” de sus cargos al firmar el decreto 1682/01 que convalidó la detención de 29 personas y las puso a disposición del Poder Ejecutivo.
Para el Ministerio Público, tanto el ex presidente como su ministro del Interior firmaron el decreto “desinteresándose de la arbitrariedad o no” de las detenciones que avalaban, ya que, aún en estado de sitio, la “restricción” de la libertad de las personas “debe ser fundada en hechos objetivos que permita su posterior valoración”.
Además, Evers reiteró la “imperiosa necesidad de que se amplíe el objeto de imputación” contra De la Rúa y Mestre, es decir, que sean indagados también en torno a las muertes producidas por la Policía. Para el fiscal, la estructura del gobierno nacional “implica una subordinación de los funcionarios de inferior rango a los de grado superior”.