En la presentación se aseguró que los demandados emplearon una conducta “tendiente a sustraer el 50% de los fondos públicos", obtenidos por el pago de las tarifas de transporte de cargas, según El Diario de Paraná.
El titular de la FIA, Oscar Rovira, relató en la denuncia que el 31 de mayo de 2000 los interventores transfirieron a Arribalzaga –en ese momento gerente comercial de la empresa- un porcentaje de los ingresos en concepto de tarifas por el servicio de venta de guías de carga en la bodega de sus aeronaves.
La fiscalía señaló en la presentación que la medida se efectuó "sin que mediara un fundamento real razonable que pudiera justificar esta transferencia de un porcentaje de los ingresos que hasta entonces obtenía LAER, aparentemente en beneficio exclusivo de Arribalzaga y en perjuicio de la hacienda pública afectada al funcionamiento de la línea aérea del estado entrerriano".
Brutti y Navarret suscribieron, en nombre y representación de LAER, un contrato que denominaron "Convenio de Representante General de Cargas y Correos". La otra parte contratante es una supuesta sociedad irregular a la que se denomina "Real Air S.R.L en formación", representada por Arribalzaga. Sin embargo, en la investigación "no se han hallado constancias sobre la existencia de la mentada sociedad, el estatuto proyectado o la iniciación del trámite administrativo”.
La investigación arrojó que en un Anexo del convenio se estableció inicialmente que el representante percibiría como comisión el 14% de las tarifas que percibiera LAER de los usuarios del servicio de carga. Pero el 25 de julio de 2000 se fijó por 180 días el cuadro tarifario otorgándole a Arribalzaga el 50% de los precios. De este modo, “se modificó en beneficio del representante, el anterior porcentaje establecido en la convención original”.