Además, se obliga a que el Banco Nación entregue a la gobernación por lo menos el 10 por ciento del total de los depósitos, que suman 234 millones de dólares, en efectivo.
La segunda de las alternativas que se presentó, y que fue avalada por todo el tribunal, prevé que la provincia efectúe un retiro de sus fondos según sus necesidades presupuestarias, pero siempre de acuerdo a las normas vigentes que regulan la extracción de dinero. El resto del dinero se devolvería con bonos a convenir entre las partes.
Las propuestas de la Corte se hicieron esperar ya que luego de que las distintas partes cerrarán sus exposiciones en la audiencia celebrada hoy, los ministros anunciaron que se tomarían cinco minutos para acercar las propuestas, lo que en los hechos se convirtió en un poco más de una hora.
Una vez que las partes tomen contacto con las propuestas tendrán 10 días para pronunciarse sobre cuál de las dos les parece más conveniente, momento en el cual los jueces se expedirán sobre el tema.
Respecto de los textos de las propuestas , el representante legal de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, hermano del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá consideró a las mismas como “muy interesantes y convenientes” ya que le permiten extraer dinero del corralito , pero aclaró que sería muy apresurado emitir opinión sobre alguna de ellas sin realizar una lectura “detallada y pormenorizada”.
Antes de que la Corte anunciara sus ideas para destrabar el conflicto, Rodríguez Saá había exhortado a que “de una vez por todas se le diera solución al conflicto” ya que, según manifestó, desde el Estado provincial se había tenido “demasiada paciencia”.
En representación del Estado Nacional volvió a tomar la palabra el procurador del Tesoro de la Nación, Rubén Citara, quien calificó de “deslealtad” a la ley anticorralito que hace unas semanas se sancionó en San Luis por la cual se dispone que los bancos radicados en esta provincia deberán devolver los depósitos en la moneda originalmente pactada.
“Si la provincia sancionó eso, esta reunión no tiene nada de valor”, fustigó un molesto Citara, al tiempo que recalcó una y otra vez el esfuerzo de la Corte Suprema por llegar a una solución sobre el tema.
La respuesta de Rodríguez Saá no se hizo esperar y le contestó a Citara que se estabn abusando de su “inteligencia”, ya que cualquier provincia puede modificar “hasta su Constitución” cuando lo crea pertinente y que esa reforma apuntó a “que los bancos hagan lo tiene que hacer”.
Por su parte, Citara aclaró que desde el Estado nacional se intenta por sobre todas las cosas llegar a una solución intentando superar el tema del corralito, pero siempre de acuerdo a lo que la “ley disponga”.
A su vez, del acuerdo que se desarrollo en el cuarto piso del Palacio de Justicia tomaron parte representantes de las Asociaciones de Banco de la Argentina(ABA) y los Bancos Privados y Públicos(ABPPRA), la gobernadora puntana, Alicia Lemme, y demás funcionarios nacionales y provinciales.
En tanto, seis de los nueve ministros se presentaron en la Sala de Audiencias de la Corte. Ellos son Julio Nazareno, Eduardo Moline O´Connor, Carlos Fayt, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez y Augusto Belluscio.
Invitados supremos
En la tercera audiencia de conciliación la Corte Suprema de Justicia decidió invitar a la misma a los representantes de las asociaciones de Bancos de la República Argentina(ABA) y de los Bancos Privados y Públicos (ABPPRA) entidades que en los anteriores encuentros no habían tomado parte.
En representación de las asociaciones tomó la palabra uno de los miembros de ABA Alberto García Lema, quien por alrededor de 30 minutos trazó un diagnostico de cuál es la situación que están atravesando los bancos en la actualidad.
De esta forma, García Lema expuso el origen de la crisis y las consecuencias sobre la economía que a su juicio se desatará si se continúa con la fuga de depósitos de los bancos hacia los ahorristas por medio de las medidas cautelares de los jueces de primera instancia.
Sobre los orígenes de la crisis, Lema manifestó que la misma “tuvo su nacimiento en la desconfianza en el valor de la moneda por parte del público anta el virtual cierre del crédito externo para el Estado Nacional o la mayoría de las provincias”.
“Existen alrededor de 200 mil acciones judiciales que cuestionan la constitucionalidad del corralito y donde en su gran mayoría se reclaman medidas autosatisfactivas que implican el egreso de fondos del sistema financiero”, afirmó el banquero.
Asimismo, alertó que si se continúa con la sangría de fondos se provocará una crisis en el sistema financiero que se traducirá en que los ahorristas no podrán cobrar su dinero, en un aumento del desempleo como así también la muerte de los créditos personales, ante la caída de los Bancos.
Por intermedio de la Secretaría de la Corte, el ministro de Economía de San Luis, Claudio Poggi, formuló una serie de preguntas a Lema, referidas a la situación de la banca nacional y del estado de algunas entidades.
En respuesta, Lema recalcó varias veces que tanto ABA como ABAPPRA pueden hablar en forma corporativa por las entidades pero nunca de manera individual.
Por su parte, Alberto Rodríguez Saá, letrado de la provincia, criticó duramente a los bancos cuando expresó que ahora las palabras despojo y robo fueron reemplazadas por “crisis sistémica”.
En ese sentido, expresó que sentía que los bancos los intiman “con el miedo a la crisis como lo hacían los militares” durante la última dictadura con la diferencia que ahora lo hacen con “el posible caos económico” si se siguen dando fallos a favor de los ahorristas.
Para concluir su exposición en contra de los bancos y del sistema financiero el abogado ironizó al mencionar un refrán: “el ladrón se cree que son todos de su condición”.