La solicitud fue realizada ante el inminente anuncio por parte del Gobierno nacional de un nuevo plan que permitiría a los ahorristas retirar en bonos los fondos que se encuentran retenidos en los bancos desde diciembre último.
El pedido a la Corte fue efectuado por el procurador general del Tesoro, Rubén Citara, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ministerio de Economía y el Banco Nación, donde se encuentran depositados la mayoría de los fondos de la provincia.
En tanto, la Corte ya tiene en sus manos la propuesta elegida por San Luis para salir del corralito, donde se tomarán elementos de las dos presentaciones de los ministros para retirar los fondos provinciales que se encuentran retenidos en el Banco de la Nación.
Si bien San Luis aceptará la "pesificación" de sus depósitos, exigirá a cambio una compensación por la diferencia que media entre 1,40 pesos por cada dólar y la cotización de la divisa estadounidense en el mercado libre.
El Gobierno provincial pretende que cuando se efectúe una extracción en pesos se les entregue a cambio “un título dolarizado o un plazo fijo por la diferencia entre las dos cotizaciones”, que tendrán como último plazo de vencimiento diciembre de 2003.
La iniciativa de San Luis es un mix de las dos propuestas que la Corte le hizo a la provincia el pasado 16 de mayo, en la última audiencia conciliatoria que mantuvieron el Estado nacional y los funcionarios provinciales.
Una de las propuestas de conciliación fue realizada por el ministro Adolfo Vázquez y consiste en que los depósitos puntanos vuelvan a su estado original, dólares, y que sean reprogramados mediante la emisión de bonos o certificados de plazos fijos con vencimiento en agosto del 2005. Además, se obliga a que el Banco Nación entregue a la gobernación por lo menos el 10 por ciento del total de los depósitos, que suman 234 millones de dólares, en efectivo.
La segunda de las alternativas que se presentó, y que fue avalada por el resto de la Corte, prevé que la provincia efectúe un retiro de sus fondos según sus necesidades presupuestarias, pero siempre de acuerdo a las normas vigentes que regulan la extracción de dinero. El resto del dinero se devolvería con bonos a convenir entre las partes.