La nueva presentación tuvo lugar a raíz del nacimiento de un niño gestado a partir de un embrión congelado durante nueve años y de un artículo periodístico donde el médico Sergio Pascualini declaró "tener en un instituto alrededor de 500 embriones congelados".
Los abogados Luis Casares, Alberto Solanet, Lucas Lennon y Alberto Rodríguez Varela solicitaron que Molina verifique si una sentencia dictada por la Cámara en lo Civil sobre la tutela de los embriones congelados está siendo cumplida por parte de los laboratorios. En ese sentido, se deberá comprobar si se está efectuando “el censo de embriones”.
En el escrito, los letrados expresaron su temor por que se intente "resolver el problema matando a quienes tengan cinco años de antigüedad en la congeladora" como ocurre en Gran Bretaña. A continuación pusieron como ejemplo la reciente gestación lograda a partir de un embrión congelado por nueve años, "lo que demuestra que el asesinato de miles de embriones en suelo británico configura un holocausto prenatal".
En ese sentido, solicitaron que se promuevan las medidas necesarias para que se promueva su derecho a que sean implantados en el claustro materno, o cuando ello no fuera posible, facilitando la adopción prenatal de los que ya están congelados.
La presentación original se inició a raíz de una carta de lectores publicada en el diario La Nación donde el médico Jorge Blaquier informaba de la presencia de 212 embriones congelados en su laboratorio.
De la manifestaciones de los médicos que practican la fecundación artificial, los denunciantes infirieron "que hay millares de niños (sic) absolutamente indefensos encerrados en las congeladoras, a veces por largos años, cuyo destino previsible es la muerte". Según los letrados, este acto "resulta lesivo de derechos consagrados en la Constitución Nacional".
Los abogados consideran que los jueces y el Ministerio público "están obligados a adoptar los recaudos que fueran necesarios para asegurar la intangibilidad de la vida inocente, amparada de modo absoluto en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Convención sobre los Derechos del Niño".