Ahora, según informa el sitio Noticias Urbanas, el legislador porteño Jorge Enríquez (UCR), sostuvo que "éste no es el momento más oportuno para su consideración, debido a que el país está sumergido en una profunda crisis, sin crédito, sin moneda, con una depresión económica y unatasa de desocupación que no registran precedentes en nuestrahistoria, con el hambre como una realidad tangible y con unafrágil institucionalidad. En este contexto hay quienes vivenen una torre de marfil y se lanzan a importar productossofisticados de las naciones nórdicas, en las que lacompleta satisfacción de las necesidades más elementalesimpulsa a gastar las energías cívicas en sutilezas pococompatibles con realidades remotas signadas por familiasenteras que salen a carnear vacas vivas que encuentran enlas rutas".
Desde un punto de vista jurídico, Enriquez precisó que “el temaes ajeno al poder legislativo local, toda vez que se procuraregular relaciones análogas a las matrimoniales, como surgede los artículos primero y segundo del proyecto. En estecaso nos encontramos en el ámbito del derecho de familia,que es propio del Código Civil y sus leyes complementarias.Estos cuerpos normativos integran lo que se denomina elderecho común, que corresponde de manera privativa alCongreso Nacional, en virtud del artículo 75, inciso 22 dela Constitución Nacional".
"Esto no significa alentar ninguna forma de discriminación basada enla orientación sexual, porque el plan de vida de cada unoestá protegido por el artículo 19 de la ConstituciónNacional y por los tratados internacionales de derechosHumanos”, aclaró el legislador, quien concluyó en que “el proyecto esinoportuno, inconstitucional, inconveniente y ajeno porcompleto a nuestra tradición jurídica, a nuestraconformación cultural e histórica y a los sentimientos yvalores de la gran mayoría de la población, a la que sesorprende con creaciones de laboratorio sobre las que nadiela consulta, por lo cual no resulta arriesgado afirmar queen la Argentina actual la enorme mayoría de la gente noadmitiría el carácter matrimonial de una unión homosexual".
Según el proyecto, no pueden constituir una Unión Civil, las personas menores de 21 años; las declaradas incapaces; quienes se encuentren unidos en matrimonio; quienes constituyan una Unión Civil con otra persona; aquellos que estén vinculados por consanguinidad entre ascendentes y descendentes, sin limitación y entre hermanos o medio hermanos y quien atente contra la persona con la que pretende constituir la Unión Civil.
Los efectos de la Unión Civil, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serían la igualdad de "beneficios sociales y derechos que los otorgados, o los que en un futuro se otorguen, a los parientes, esposos o concubinos. "
El proyecto también prevé que los integrantes de una Unión Civil "pueden celebrar contratos que regulen sus relaciones personales y efectos patrimoniales derivados de la convivencia, como así también los efectos o compensaciones económicas fijadas para el caso de disolución de la unión."
Por último, la iniciativa propone la creación, en el ámbito del Registro Civil y Estado de las Personas, del Registro de Uniones Civiles de Solidaridad, a fin de que, a solicitud de sus integrantes, se inscriba la formación de la Unión Civil, y se otorgue constancia de su vigencia y disolución.
En los fundamentos del proyecto se hace hincapié en que "la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 11 que "Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad".