La denuncia quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención de los fiscales Gerardo Di Masi.
Según el denunciante, las tarifas del peaje fueron indexadas aunque la ley de convertibilidad lo impedía expresamente, y a pesar de dos dictámenes en contrario de la Procuración General del Tesoro.
Monner Sans dijo que "a través de la ley de superpoderes el ministro de economía (en su tercera versión en el poder) Domingo Cavallo pretendió justificar la decisión". "El mismo día -22 de septiembre de 2001- en que se resuelve postergar el pago a los jubilados de mi país, el Poder Ejecutivo dispone el pago de 420 millones de dólares a las concesionarias por créditos ilegales", dice Monner Sans en el escrito.
Además, el abogado asegura que "el pago se hizo a inusitada velocidad" materializándose "con bonos a valor de mercado y no nominal", lo que demandará del Estado un mayor esfuerzo al momento de rescatarlos.