En dialogo con Diariojudicial.com, Franco dijo que se llegó a esa situación “por cuatro o cinco vivos” que se aprovecharon de la situación caótica que se vivió en la provincia ante la andanada de amparos contra las normas restrictivas del Poder Ejecutivo Nacional.
En ese sentido, el magistrado chaqueño no descartó que los jueces suspendidos en sus funciones hayan tenido la colaboración de “empleados judiciales, secretarios y hasta abogados”, para llevar a cabo sus maniobras en relación a la sanción de amparos en contra de la restricción de sus depósitos.
Asimismo, aclaró que en ningún momento se pone en duda la legalidad de los reclamos de los ahorristas, sino que por el contrario se investiga la conducta de los jueces al recibir causas provenientes de “extrañas jurisdicciones” como lo es por ejemplo la provincia de Córdoba.
Además de suspender a los jueces Daniel Joaquín Fernández Asselle y Daniel Enrique Freytes, de Roque Sáenz Peña, y Estela Amelia Ponce, de la localidad de Charata, Franco recordó que también se está investigando a otros dos magistrados, Héctor Hugo Osiska, del juzgado de trabajo de Roque Sáenz Peña y Juan Zaloff Dakoff , del juzgado civil y comercial nº 2, también de Roque Sáenz Peña.
Respecto de la situación de estos dos jueces, el miembro del Alto Tribunal provincial comentó que los mismos también están siendo investigados por recibir amparos de “extrañas jurisdicciones”.
Entre los puntos que el Tribunal Superior tuvo en cuenta para suspender a los tres magistrados figura el dictado de sentencias fundadas en hechos falsos, lo que podría configurar el delito de prevaricato.
Además, Franco manifestó que los jueces acreditaron “la verosimilitud del derecho que asistía a los accionantes basados en pruebas inexistentes o incorrectamente producidas”.
Por ejemplo, en el caso del juez Freytes, la resolución que lo suspende relata que, analizadas una serie de causas en que este magistrado intervino, “es posible comprobar que en los decisorios donde se decretan las medidas cautelares innovativas, correspondientes a cada una de las causas señaladas, surge de manera indubitada que para el convencimiento del Juzgador y, así lo afirma categóricamente, a los efectos de la elaboración y conclusión de dichas piezas jurisdiccionales, se tuvieron por formalmente acreditadas la verosimilitud del derecho de los respectivos accionantes con los instrumentos que, en fotocopias simples, estos adjuntaran al promover esas medidas cautelares”.
Sobre la actitud de los magistrados suspendidos, el Máximo Tribunal provincial "estima que, prima facie, existen elementos de juicio para considerar que en ocasión de la sustanciación de esos autos, se habría incurrido en una acción prevaricadora al dictar sentencias fundamentadas en hechos falsos y siendo estos argumentos decisivos para la solución del caso, derivando los fallos de la invocación de aquellos... consecuentemente, no importó solo manifestaciones de erudición o de hechos que únicamente sirvieron para adornar la estructura literaria de esas piezas jurídicas, sino que resultaron esenciales para expedirse favorablemente en las acciones planteadas”, según puede leerse en una de las resoluciones del Superior Tribunal, que hoy publica en forma integra Diariojudicial.com.
Sobre los montos de los amparos, Franco dijo que los mismos varían, pero afirmó que hubo algunos que llegaron a “varios millones de dólares”.
Además, consideró que su par Alberto Mario Modi, quien se abstuvo en la votación, debió haber participado de ese trámite, y precisó que en los tres casos, además de suspender a los magistrados, se resolvió encomendar al Procurador General la acusación de los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Sobre ese punto, comentó que el Jury, compuesto por siete miembros, deberá juzgar a los magistrados y recordó que ese tribunal funciona en la provincia desde 1957.
En tanto, opinó que Chaco es “por naturaleza amparista”, ya que ese tipo de proceso está en la Constitución provincial desde hace 50 años.