La presentación quedó radicada en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires número ocho, a cargo de Osvaldo Otheguy, quien hizo lugar al pedido de citación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad. El amparo incluye a las empresas SEC y STO que tenían la licitación de las grúas y los parquímetros.
Los demandantes mencionan también como responsable al Ente Regulador porque “no cumplió con su misión de fiscalizar la contratación y proteger a los usuarios, a pesar de disponer de una importante partida presupuestaria para tal fin”.
Según Cartañá, “esta actitud de la Administración implica mantener la continuidad de la indefensión del usuario, de los negocios turbios, del incumplimiento de la ley y de los privilegios injustificados para las empresas concesionarias”.
Además el ex Ombudsman señaló que “no se quiere asumir el costo político de la discusión pública que debería afrontarse al llamar a una nueva licitación para un servicio inútil y repudiado socialmente, herencia de la administración del Sr. (Carlos) Grosso. Mientras tanto se permite ilegítimamente la continuidad del negocio”.
En la presentación se destacó un dictamen de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de diciembre de 2001 donde se sostuvo que “ese proceder altera la transparencia que debe tener la ciudad con sus proveedores y contraría la normativa vigente en materias de contrataciones de Estado”.
Los accionantes solicitaron que mientras de decide si se aplica una prórroga o se hace un nuevo llamado a licitación, se convoque a una audiencia pública.