Del porcentaje mencionado, el 44,5 % de las quejas se relaciona con problemas por sobrefacturación o facturación incorrecta, por parte de las concesionarias de servicios públicos privatizados. Las mas denunciadas son Telefónica de Argentina, Aguas Argentinas y Telecom. Luego, en orden, las siguen Edesur, Metrogas y Edenor.
En cuanto a las telefónicas, los reclamos se centran en el computo equivocado de llamadas al exterior y por la utilización del servicio de audiotexto (el 0-600). Respecto de Aguas Argentinas, el grueso de las quejas tiene su fundamento en la facturación por servicios de conexión o reconexión de agua potable.
La Defensoría del Pueblo es una institución creada por la Constitución de la Ciudad Autónoma de la Ciudad que establece en su art. 137 que es misión del Defensor del Pueblo porteño “la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos.”
Resulta notable la cantidad de reclamos efectuados ante la Defensoría que involucran a concesionarios de servicios públicos, teniendo en cuenta que los usuarios pueden recurrir a los entes reguladores (ETOSS, ENRE, ENARGAS, etc). Fuentes de la Defensoría explican que muchos vecinos prefieren recurrir a ese organismo en lugar de los entes reguladores porque no confían en estos últimos, en especial luego del apagón de febrero de 1999, que dejó sin energía eléctrica durante 11 días a cientos de miles de porteños a causa de un incendio que estalló en una subestación de Edesur recién inaugurada. En ese caso, muchos usuarios percibieron como inefectiva a la labor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Luego de las quejas contra las distintas empresas concesionarias de servicios públicos, se encuentran, con un 17% del total, los reclamos contra la gestión del gobierno de la ciudad. El tercer puesto, con el 12,2 % lo ocupa el rubro salud, con reclamos vinculados a hospitales públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga.
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