El letrado había pedido que se investigara si en los hechos correspondía imputar a alguien los delitos de "administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio del personal de la aerolínea y de los intereses del Estado Nacional como accionista minoritario".
Los ministros del Alto Tribunal de Justicia desestimaron la solicitud de Ortiz Almonacid, que les pedía su participación para resolver la crítica situación que mantiene a Aerolíneas Argentinas al borde de la quiebra, y dieron intervención a la Cámara Federal.
En la resolución, destacaron que la petición "no es competencia originaria de la Corte" y al no constituir ni un amparo, ni un recurso de queja, no pueden tenerse en cuenta. Los jueces hicieron mención precisamente a los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, que enuncian las atribuciones originarias de la Corte.
El abogado había solicitado que se aplicara un "per saltum" teniendo en cuenta la situación de "urgencia", y citó la no pacífica jurisprudencia de la Corte en el caso de la privatización de la línea de bandera argentina, del 6 de septiembre de 1990.
En su presentación, Ortiz Almonacid solicitó además medidas urgentes de investigación a la Oficina Anticorrupción, a la Fiscalía Necional de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación, "a fin de determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios argentinos encargados de la privatización y control de la administración de Aerolíneas Argentinas".