El allanamiento fue ordenado por la juez en lo correccional Ana Bulacio de Rúa, ante una denuncia que formularon los fiscales federales Eamon Mullen y Jose Barbaccia, por la presunta comisión del delito de insolvencia fraudulenta.
Los procedimientos se llevaron a cabo en dos departamentos de Riobamba 1224 de esta capital (7 “B” y 10 “A”) que la ex funcionaria “donó” a uno de sus dos hijos poco tiempo después que los representantes del Ministerio Público le reclamaran al juez que intervienen en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Juan José Galeano, el embargo preventivo de sus bienes.
Según consta en la denuncia de Mullen y Barbaccia, Maria Julia fue procesada el 24 de agosto de 2000 por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, en concurso ideal con el de falsificación de documento privado, acto que fue confirmado el 17 de julio de 2001 por la Cámara Federal.
Al dictarse el procesamiento se trabó embargo sobre los bienes de la ex funcionaria por tres millones de pesos, pero al intentar ejecutarse la medida no se pudo concretar en relación a los departamentos de la calle Riobamba debido a que Alsogaray “se desapoderó” de los mismos “donándolos” a uno de sus hijos, Alvaro Javier, operación que según los registros notariales se concretó “cinco días después” que la fiscalía solicitara su inhibición “y sólo 60 días antes de que se decretara su procesamiento y embargo” .
De acuerdo con la denuncia, la maniobra habría apuntado a que “se torne de imposible cumplimiento” el embargo preventivo y la inhibición general de bienes, lo que finalmente ocurrió ya que Galeano, al recibir los informes del Registro de la Propiedad Inmueble los dejó sin efecto, en cuanto a los departamentos de Riobamba.
Los fiscales sostuvieron en su denuncia que “el momento en que la donación tuvo lugar, demuestra que la conducta desplegada ha tenido como fin último, eludir el cumplimiento de las obligaciones civiles emergentes del proceso penal en el trámite” y que “la imputada, a sabiendas, esto es conociendo la existencia de un proceso penal en su contra, se desprendió de bienes, afectándose de esa forma tanto la propiedad como la buena fe procesal”.