El letrado recibió informes anónimos en los que se demuestra que "las tarifas indexadas que no fueron en su momento cobradas por las concesionarias”, pasaron para "más adelante con nuevos intereses e indexaciones".
De acuerdo con ese material "la postergación en los aumentos tarifarios no fue jamás en detrimento de los dueños del negocio" ya que "el TIR, la tasa interna de retorno, es mucho más que el 15,83 por ciento anual asegurado en dólares estadounidenses, con más ajustes".
En su presentación el letrado explicó que "las indexaciones de tarifas no están incluidas en la tasa interna de retorno que, de estarlo, elevarían muchísimo más aún las ya elevadas tasas de retorno de para los concesionarios".
Asimismo, Monner Sans adjuntó al Juzgado Federal número 6 una "supuesta copia de auditoría" que constituiría "un segundo informe técnico sobre los programas para determinación y control de las tasas de rendimiento de los adjudicatarios de autopistas de accesos a la Capital Federal".
El informe fue anexado a una denuncia formulada en mayo de este año, según la cual el decreto que reconoce la indexación de los peajes es violatorio de la ley de convertibilidad y la ley de superpoderes, vigentes durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
También se había denunciado que para pagar a concesionarios 420 millones de pesos se creó un impuesto al gas oil y por entonces ese impuesto no estaba en el marco de la ley de Superpoderes de aquel gobierno cuando asumió Domingo Cavallo como ministro de Economía.
En su momento Monner Sans denunció al ex ministro Cavallo y al ex titular del Ministerio de Infraestructura Carlos Bastos por haber facilitado que varias "concesionarias de peajes" cobraran "una diferencia tarifaria que no les correspondía", equivalente a los 37 millones de dólares.
Esa denuncia por los presuntos delitos de "violación de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración" recayó en el juzgado de Canicoba Corral.
Según explicó el letrado "las concesionarias reclamaban un crédito inexistente por indexación de la tarifa en base a la tasa de interés" y para realizar ese pedido se apoyaban en un decreto de 1992 que "permitía que una norma inferior derogara el artículo siete de la ley de Convertibilidad".
Sin embargo, y a pesar de la existencia de dos pronunciamientos contrarios de la Procuración General del Tesoro, el Poder Ejecutivo "acordó con las concesionarias pagarles las diferencias tarifarias más intereses, correspondientes a una indexación prohibida por la ley".
Pero "la falta de recursos" impidió el pago inmediato hasta que el Congreso sancionó la Ley de Superpoderes que autorizó a "crear tasas de percepción inmediata siempre y cuando se destinara a rebajar o a suprimir peajes inexistentes" pero no "autorizaba a crear impuestos para pagar deudas anteriores y mucho menos para pagar deudas inexistentes".
"Así se dictaron dos decretos (en el 2001) mediante los que se creó un impuesto de cinco centavos al gas oil que recauda 600 millones por año y su destino fue: 200 millones a rebajar peajes y 400 millones par pagar la deuda inexistente por la prohibida indexación", según sostuvo Monner Sans en su presentación original.
Según refirió el denunciante "el Estado pagó con bonos a valor real de mercado" todo lo adeudado "excepto 37 millones de dólares que se pagaron en efectivo", y advirtió que este hecho genera "suspicacia".