Los abogados querellantes fundamentaron la apelación a la resolución de la juez federal María Servini de Cubría , quien dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer al ex presidente De la Rúa y al ex ministro del Interior Mestre, así como también una decisión similar que benefició al ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, respecto de su responsabilidad en torno a la muerte de los cinco manifestantes que se produjeron en los alrededores de la Plaza de Mayo y en la avenida Nueve de Julio, victimas de la represión policial.
Representantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se presentaron hoy ante la Sala Primera de la Cámara Federal reclamando ante el tribunal que se revoque la falta de mérito dictada por Servini de Cubría, por entender que los decretos por los cuales se dictó el Estado de Sitio y se puso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a 29 personas detenidas son ilegítimos, y que por esa razón los ex funcionarios son responsables por la privación ilegal de la libertad de los mismos.
Maria del Carmen Verdú, abogada de la CORREPI, que representa a los familiares de Carlos Almirón, uno de los muertos en la Nueve de Julio, y de varios de los heridos durante la refriega policial, explicó que la intención de la querella es dar “un fuerte impulso a la causa para investigar los hechos del 20 de diciembre” ante el temor que se pretenda “garantizar la impunidad de los máximos responsables de los hechos”.
De la Rúa y Mestre fueron indagados por haber tomado conocimiento de la detención de 29 personas y haber omitido hacer cesar esas detenciones presuntamente ilegales y haberlas refrendado mediante el dictado del decreto 1682/ 01 mediante el cual se las puso a disposición del Poder Ejecutivo nacional.
Los querellantes también cuestionan el hecho que De la Rúa, durante su indagatoria, reconoció que no sabía si las detenciones habían sido legales o ilegales, y señalan que la única persona facultada para poner a disposición del PEN a una persona durante la vigencia del Estado de Sitio es el presidente de la República, por lo que consideran que el ex mandatario es responsable por las 29 privaciones ilegitimas de la libertad.
Asimismo, también cuestionaron los procesamientos del ex secretario Mathov y del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos en los que se les achacó cargos por "lesiones graves" en contra de los manifestantes heridos cuando en realidad, sostienen, se trató de "tentativas de homicidio".
"Planteamos que el operativo policial del 20 de diciembre, lejos de ser como plantea la jueza, un conjunto amorfo desorganizado de policías que actuaban por criterio propio o siguiendo vaya a saber que impulsos internos y oscuros, era un operativo cuidadamente planificado que tenía como objeto cumplir un objetivo central, fijado desde el gobierno nacional cual era el de vaciar la plaza, que no hubiera gente en la ciudad de Buenos Aires, que no se repitiera la pueblada de la noche anterior", señaló Verdú en declaraciones a Diariojudicial.com.
La letrada sostuvo que esa era la intencionalidad de la represión "para que este gobierno agónico tuviera el mínimo oxigeno para hacer lo que el propio De la Rúa relata en sus presentaciones: negociar una salida, ya sea a través de un gabinete de unidad nacional o cualquier otra que tuviese a la mano para evitar lo que en definitiva sucedió: su renuncia y la de todo el gabinete".
Sin embargo, advirtió que en las presentaciones no se plantea que De la Rúa haya ordenado la muerte de las cinco personas o tenido la obligación de revisar el armamento de cada uno de los policías que participó de la represión, sino la responsabilidad tanto del presidente como la del ministro del Interior y del Secretario de Seguridad de "garantizar la seguridad de las personas y no dar la orden de despejar la plaza (de Mayo), así como también su obligación, al tomar conocimiento del cariz que cobraban los acontecimientos de hacer cesar la represión".
Por último recordó que tanto la propia juez Servini de Cubría, en horas de la mañana, así como también legisladores nacionales y representantes de los organismos de los derechos humanos que se entrevistaron con Mestre en la casa de gobierno reclamaron hacer cesar la represión pero en el gobierno se mostraron "ciegos, sordos y mudos" ante esos reclamos.