Según el ministro, el proyecto busca enfrentar las causas por la que se generan los pleitos contra el Estado estableciendo un control independiente de la Administración Pública. El Consejo de Estado no constituirá un tribunal jurisdiccional; ya que su competencia estará limitada al control interno de la actividad administrativa, a la sustanciación y resolución de los recursos jerárquicos, es decir, de alzada, de revisión y de aclaratoria.
De acuerdo al proyecto, el Consejo de Estado será el tribunal administrativo encargado de revisar la legalidad de los actos de la Administración, y estará integrado por un presidente y nueve vocales, que se dividirán en tres salas.
Con este Consejo, según Vanossi, “se logrará un control institucionalizado de la administración pública, realizado por un órgano diferente del que dictó el acto y con garantías de imparcialidad e independencia.”
La presentación del proyecto nada aclara en cuanto a la delimitación de competencias que se generará en relación con la Fiscalía Nacional de Investigaciones administrativas (FNIA), la SIGEN y la Auditoría General de la Nación, creado por la última reforma constitucional del año 1994 (art. 85 CN).