ESTRATEGIA. Piana, que fue extraditado recientemente por la justicia estadounidense, está peleando por su libertad ante los tribunales argentinos. El empresario ya purgó una condena de cuatro años en el país del norte –un año en la cárcel y tres con prisión domiciliaria-. Si bien la calificación de jefe de una asociación ilícita más la de contrabando agravado no le permitirían acceder a la excarcelación, su defensa, encabezada por el ex juez Julio Virgolini, pretenderá hacer valer el impedimento constitucional de someter a una persona procesada y sin sentencia firme a una prisión preventiva por mas de dos años, computando la detención ya cumplida. De paso, Piana, para posicionarse mejor en los expedientes, denunció a connotados abogados supuestamente autoofrecidos como idóneos operadores –con dinero de por medio- para solucionar sus problemas ante Ballestero y Brugo. Por las dudas, y para que no se entienda como una grosera presión sobre sus juzgadores, Piana aclaró que a su entender, la influencia prometida por los letrados constituía lo que en tribunales se conoce como una “girada”. Veremos cuántos son los que accionarán contra el dueño de este nuevo ventilador, que al parecer no se guarda ningún pase de facturas: por lo pronto, Arias prometió a los periodistas que a última hora del viernes todavía estaban en Tribunales, que este lunes entregaría la copia de la querella.
ESPIRITUS. De la gestión De la Rúa parecen haberse apoderado del edificio que alberga el ministerio de Justicia en la calle Sarmiento. Resulta que a mediados de junio, Jorge Vanossi le comunicó a Nazareno que el Servicio Penitenciario Nacional estaba “al límite de su capacidad de alojamiento”. Como corresponde, el presidente de la Corte, comunicó la novedad a los tribunales penales, acompañando, a su vez, copia de una nota suscripta por Mariano Ciafardini, responsable del área pentenciaria, que fijaba una suerte de feria para las unidades penitenciarias por quince días a partir del 24 de junio. Como alternativa de este plan de emergencia, los nuevos detenidos deberían “permanecer alojados en las comisarías de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional”. Lo curioso es que cuando los jueces empezaron a llamar al ministerio para que les indiquen quienes eran los responsables en cada fuerza para hacerse cargo de los detenidos, la respuesta era que “el Dr. Ciafardini está de viaje y la Licenciada Marta Laserriet (sic) está en una reunión”. Por el lado de las fuerzas convocadas, la cosa no pintaba nada fácil, ya que a las duras restricciones presupuestarias que les vienen aplicando, tendrían que sumarle la atención con pensión completa de los detenidos remitidos por la justicia nacional y federal por quince días. El resultado: marcha atrás con la medida, que a fines de esta semana se suspendía hasta el día martes, cuando en una reunión convocada por el ministro se decida que hacer con los nuevos presos.
PREOCUPADOS. Se los ve a los jueces del Tribunal Oral que lleva adelante el juicio por el caso AMIA luego de la devaluación de la moneda local, que –como adelantó en su momento Diariodeljuicio.com- pone en serio riesgo el viaje de varios testigos para declarar en la audiencia oral. Pero es una preocupación compartida: también la Defensoría General de la Nación le sugirió a los defensores oficiales que actúan en el juicio que revisen su lista de testigos para reducir la partida de viajes. El defensor Víctor Valle hizo los deberes y resignó el testimonio de todos los efectivos del ejército israelí y de los expertos en explosivos norteamericanos. Sin hacerse esperar, los querellantes en la causa pusieron el grito en el cielo, y aunque redujeron la lista de testigos extranjeros, defendieron a capa y espada que declaren al menos los jefes del grupo de militares israelí y –sí o sí- todos los expertos del Norte. Como se ven venir una reducción también por ese lado, los querellantes están pensando en traer a los expertos a alguna conferencia con gastos pagos, y aprovechando la volada, hacerlos desfilar por Comodoro Py 2002.
NEGATIVA. Diariojudicial.com acostumbra a publicar las sentencias de los juzgados en primera instancia y de las salas de las Cámaras de los distintos fueros para que, además de la noticia sobre la más reciente resolución, el lector pueda acceder al fallo completo. Esta nueva forma de informar, que ya recibió saludables imitaciones, exige que los periodistas de este medio requieran a los secretarios de los juzgados que nos lo acerquen por e-mail, pero en la mayoría de los casos se acude personalmente con un diskette -ya que se sabe de antemano que el presupuesto del Poder Judicial no está en su mejor momento- para buscar la resolución de mayor interés para nuestros más de 20.000 suscriptores de todo el país. En ese sentido, los jueces, secretarios y empleados reconocen nuestra tarea y tienen la mejor predisposición para poder atendernos (agradecemos desde ya por este medio en nombre nuestro y de nuestros lectores). Muchas veces son más de uno los que acuden en la ayuda para intentar lograr el cometido -en algunas ocasiones más complicado- de transformar los viejos programas que utilizan en algunos juzgados, en nuevas versiones para que puedan ser leídos en todas las computadoras. Sin embargo, en algunas salas son más reacios a brindar esta información -es pública y sirve nada más y nada menos que para fortalecer el deteriorado vínculo entre el Poder Judicial (el más activo del momento) y la comunidad-. La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, ubicada en la planta baja del Palacio de Justicia, es uno de los ejemplos concretos del anacronismo y desconfianza que todavía reina en algunos sectores de la justicia. Dos empleadas al frente de sus computadoras optaron por “no arriesgarse” (menudo compromiso les pedíamos) en su respuesta a nuestro pedido y llamaron a otra –de rango superior- para que explique por ellas. La excusa de la negativa se basó en una acordada de la Corte Suprema de Justicia de hace unos años, que imponía un estampillado para sacar fotocopias de las sentencias, supuestamente por el costo de las mismas. Ante la aclaración de que contábamos con un diskette, la respuesta se acotó a que “no tenemos un permiso concreto de la Corte para introducir un elemento ajeno en nuestras máquinas”. Será cuestión de gestionar ante la Corte el novedoso permiso de introducción. Chicas, ¿probaron con un yogur?