04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

El pacto

Un grupo de abogados presentó hoy una denuncia para que se investiguen supuestas "negociaciones" efectuadas entre el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso con el fin de que se dicten fallos que favorezcan al Poder Ejecutivo a cambio de que se deje sin efecto el juicio político pendiente contra los ministros del alto tribunal.

 
La denuncia, que quedó radicada ante el juez federal Jorge Ballestero, requiere que se investigue si se cometieron los delitos de "amenazas, violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento por omisión de denuncia y retardo de justicia".

La presentación fue originada por el vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Pedro Kesselman, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Luis Ramírez, el presidente de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Szmukler, y el infaltable Ricardo Monner Sans.

Los denunciantes citan como prueba relevante para que se dé inicio a una investigación, diversos artículos periodísticos que dan cuenta de las supuestas negociaciones y que no fueron públicamente desmentidos.

En ese sentido, señalaron que "ni el Poder Ejecutivo ni las autoridades del Congresonacional desmienten que haya negociaciones abiertas entre el Ejecutivo con la Corte".

Para dilucidar estos hechos, los demandantes solicitaron que se cite a declarar al presidente Eduardo Duhalde, a los miembros del máximo tribunal y a los integrantes de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados.

En la denuncia se indicó que "la Corte Suprema de Justicia se manifiesta autoparalizada y no desmiente que hasta que el gobierno de Eduardo Duhalde consiga cerrar de manera definitiva el juicio político, la Corte deja que trascienda una suerte de pacto de no innovar".

"La Corte Suprema no se pronuncia sobre el corralito y trasciende, sin señal en contrario, que estaría dispuesta a avalar un criterio gubernamental de anti-recupero de fondos, pero mientras se sienta atacada y carezca de garantía de continuidad, no va a hacer nada", remarcaron.

Además, los demandantes aseguraron que "el juez Adolfo Vázquez, con motivo del enjuiciamiento del cuerpo al que pertenece, dijo no estar en condiciones de administrar justicia ni de poder trabajar, por la existencia del trámite constitucional públicamente conocido y que mereciera dictamen acusatorio posterior a sus manifestaciones".

En ese sentido, según la denuncia el ministro afirmó que el máximo tribunal "no estaba en condiciones de trabajar por la presión que ejercen los legisladores" y dijo que "él y los miembros de la Corte no son independientes, mientras trasciende que puede recurrir a algún expediente para algún desquite".



dju / dju
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