En el requerimiento al juez federal Norberto Oyarbide -quien ya tenía en sus manos una causa similar, por un presunto complot contra el ex presidente aliancista Fernando de la Rúa- Stornelli pidió que se cite a Vanossi a ratificar su denuncia, así como también al secretario de Inteligencia Carlos Soria, a la dirigente de ARI Elisa Carrió y al líder piquetero Luis D´Elía.
Stornelli circunscribió la investigación a la existencia de "un posible complot tendiente a desalojar al presidente de la Nación (Eduardo Duhalde) del gobierno Nacional; las declaraciones públicas prestadas por distintas personas instigando a la comisión de delitos o haciendo apología de ellos y la posible intimidación pública llevada a cabo mediante ese tipo de declaraciones o a través de un accionar dirigido a ese fin". También apunto a "las interrupciones de los medios de transporte o comunicaciones que pudieran haberse verificado en el ámbito de esta ciudad (Buenos Aires)" , sucesos todos estos que podrían constituir violaciones a los artículos 190 a 197, 209,211 y 212, 213 y 213 bis del Código Penal.
Sin embargo, el fiscal excluyó de la investigación hechos que por "extraña jurisdicción" ya están siendo investigados por la fiscalía 11 de Lomas de Zamora, en su mayoría referidos a los graves incidentes ocurridos el 26 de junio pasado en los alrededores del Puente Pueyrredón de Avelleneda y en la estación ferroviaria de esa ciudad, contenidos en la denuncia de Vanossi, como por ejemplo "la posible verificación de personas vinculadas a servicios de inteligencia y a las fuerzas policiales infiltradas en la movilización de los piqueteros con el objetivo de causar caos y generar violencia".
La misma noche del 26 de junio, jornada en la que se produjo la muerte de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Duhalde se comenzó a hablar de un presunto complot, apuntando sus sospechas a las organizaciones piqueteras y en la denuncia judicial se hace mención a la presunta existencia de infiltrados, uno de los hechos que se investigan en base a los testimonios gráficos de distintos medios en los que quedó reflejados que policías de civil ocultaron evidencias probatorias.
Esta circunstancia (la sustracción de pruebas por parte del personal de la policía bonaerense en el ámbito del Hospital Fiorito de Avellaneda) fue denunciada por el periodista Miguel Bonasso, quien también podría ser citado a declarar como testigo, y aparece en el punto 9 de la presentación. Respecto de éste último también se hace referencia a sus dichos y a los de D´ Elía en el sentido de que habría "accedido con anterioridad a la movilización a información "respecto de la represión de esos sucesos" por parte de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la denuncia que el gobierno formuló ante la Procuración General, se considera entre los hechos que lo llevaron a presumir la existencia de un complot las declaraciones de un dirigente luego del Acto de la Asamblea Piquetera Nacional del 23 de junio, en las cuales anticipaba "la toma de establecimientos educativos, empresariales o sedes municipales por parte de organizaciones trabajadoras".
De esas mismas declaraciones -no identifica al autor de las mismas- Vanossi también da cuenta de "la existencia de un plan de lucha emprendido por las organizaciones piqueteras con el objetivo de acabar con el gobierno del Presidente de la Nación, plan que se plasmaría en un corte de rutas en todo el país el día 26 de junio, continuando el 9 de julio donde se buscaría otro 19 y 20 (de diciembre) acompañando a las Asambleas Populares a Plaza de Mayo".
Esas circunstancias, siempre de acuerdo con la denuncia del gobierno, resultarían coincidentes "con los principales conceptos emanados de la Asamblea nacional de Piqueteros celebrada los días 23 y 24 de junio" de acuerdo con los informes que en ese sentido brindó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). También se denunció como parte del accionar de los manifestantes "la verificación de importantes daños en inmuebles y vehículos" en las inmediaciones del Puente Pueyrredón y la interrupción de medios de transporte con motivo de las movilizaciones.
Por otra parte, también se pide investigar las "numerosas declaraciones efectuadas a los medios de comunicación por parte de los diputados Luis Zamora y Vilma Ripoll, y del integrante del Polo Obrero, Nestor Pitrola, acusando a la Policía Bonaerense por los hechos acaecidos" en Avellaneda "responsabilizando el primero de ellos al gobierno nacional por las muertes y los heridos". Por último, Vanossi también incluyó en la presentación las declaraciones del dirigente “de los jubilados” Raúl Castells "convocando a la gente a concurrir a Plaza de mayo con palos, gomeras y encapuchados para generar el levantamiento popular y provocando otro 20 de diciembre".