De esta forma, el juez de instrucción Mariano Bergés resolvió la situación procesal de Geraldi, quien permanecerá detenido en el Departamento Central de Policía, al tiempo que dispuso que se le trabará un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos.
Al pronunciase sobre el tema, el magistrado consideró que el secretario del juez Daniel Freytes, también imputado en la causa y suspendido en sus funciones, formó parte de un grupo en el cual tanto abogados como integrantes del Poder Judicial se "pusieron de acuerdo de manera ilegal y burda" para llevar adelante un espectáculo "vergonzante" con el único fin de obtener “ganancias”.
En ese sentido, se expresó que se usó a la justicia de esa provincia en el mero rol de emisor para librar los fondos atrapados en el corralito financiero ya que las acciones correspondían a personas que no tenían domicilio en la provincia, y que las mismas nada se vinculaban con legajos que habitualmente se sustanciaban en esos juzgados.
Asimismo, el juez manifestó que Geraldi en sus declaraciones se colocó en la postura de quien no sabía nada respecto de la situación irregular que se vivía en la provincia y que su función tan sólo se limitaba a “firmar debajo del juez”, pero remarcó que este tipo de aseveraciones no podían ser admitidas con “razonabilidad”.
Además, el magistrado comentó que en los comienzos del expediente se acusó a Geraldi de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, pero aclaró que hasta lo que se lleva actuado no se ha podido determinar la “puntual intervención del aludido en esas tipicidades” como para procesarlo.
En la resolución se recordó que cuando se le tomó declaración indagatoria se le enrostró al secretario judicial “integrar una asociación destinada a practicar de manera orquestada, sistemática, reiteradamente, sin solución de continuidad, y de modo indeterminado actividades delictivas, teniéndose en todo momento conocimiento de la ilicitud de esos actos.
En el marco de esa causa Bergés ordenó ayer la captura de Edith Muré secretaria del juzgado chaqueño a cargo de Daniel Fernández Aselle, quien está citado a prestar declaración indagatoria mañana y también ordenó las detenciones de dos abogados porteños: Gerardo Ibañez y Abel Vicente Housay y de otros cuatro que trabajan en la provincia: José Antonio Bernat, Rodolfo Fernández Floriani, Mariano Espeso y Jorge Resanovich.
Aparte de Geraldi, está detenido el abogado Alfonso Curet, quien se halla en el Hospital Ramos Mejía por razones de salud y continúan en carácter de prófugos el titular del colegio de abogados de Roque Saénz Peña, Oscar Olivieri y el letrado Aldo Cabaña
La causa se inició con la denuncia del ahorrista Carlos Curet, pariente de uno de los imputados, promovida contra una sucursal porteña del Banco HSBC que se negó a entregarle casi dos millones de dólares de unos plazos fijos pese a tener orden judicial en su favor proveniente del Chaco.
Esta denuncia puso en evidencia las irregularidades cometidas en torno al dictado de medidas cautelares contra el corralito que beneficiaron a cerca de 600 ahorristas.