Si bien la presentación del amparo fue anterior a la sanción de dicha norma, si la juez se pronuncia en contra de la misma, como ya lo ha hecho en algunos casos, los ahorristas porteños podrían eludir el corralito, siempre y cuando desde la parte demandada no se presente un recurso de apelación con lo cual sería la Cámara en lo Contencioso Administrativo la que tendría que darle solución al tema que lleva varios meses sustanciándose.
Los voceros comentaron que por el momento la juez se encuentra analizando los doce cuerpos que tiene la causa, que en un primer momento estuvo en manos del juez Martín Silva Garretón, quien por el momento dejó la causa a raíz de que fue recusado por las autoridades del BCRA.
Oliveira presentó el escrito desestimatorio la semana pasada y en el mismo justificaba su decisión ya que consideraba que desde que la misma se había solicitado no se logró obtener resultados para los cientos de ahorristas que están enmarcados dentro del amparo colectivo.
Además, el objetivo de esa presentación es que la causa “continúe su trámite con la ejecutabilidad de la medida cautelar que se ordenó el pasado 28 de diciembre” dicha medida había sido ordenada por el entonces juez de la causa Silva Garretón.
Oliveira, además solicitó en representación de los ahorristas porteños que se dicte una resolución de carácter “urgente” para que de una vez se ponga fin a las dilaciones en la causa.
La audiencia que fue desistida se debió haber realizado hace varios meses ya que fecha 12 de marzo la Corte Suprema de Justicia de la Nación le había ordenado a Silva Garretón que fijara esa audiencia entre el BCRA, la Defensoría y las asociaciones de bancos.
En ese marco, el último 12 de abril, estando la causa aun en manos de Silva Garretón, tanto el Central como Oliveira hicieron una presentación conjunta ante el Máximo Tribunal para solicitar que cuanto antes se le pusiera fecha a la misma ya que no había respuesta por parte del tribunal de primera instancia.
Las autoridades del BCRA presentaron la recusación de Garretón el 20 de marzo último a partir de las manifestaciones públicas del magistrado en contra del corralito, lo que según explicaron desde el organismo los obligaba a presentar el recurso, ya que el titular del juzgado 6 no daba señales de imparcialidad.