Hoy declararon tres militares retirados de alto rango: el general Luciano Jáuregui y los coroneles Antonio Simón y Carlos Tepedino. Este último, uno de los jefes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, participó de la llamada “Operación Murciélago”, un control exhaustivo de los pasos fronterizos para detectar el paso de militantes.
Jáuregui, de 76 años, fue comandante del Segundo Cuerpo del Ejército entre febrero de 1979 y diciembre de 1980 y por su responsabilidad en violaciones a derechos humanos no fue incluido en la ley de Punto Final. Luego, a través de la ley de Obediencia Debida fue desprocesado en algunas causas, aunque quedaron pendientes otras, por las que fue indultado más tarde por el ex presidente Carlos Menem.
Por otra parte, en fuentes judiciales se confirmó que el coronel Alberto Crinigan, el único militar en actividad entre los requeridos por Bonadío, fue indagado ayer por la tarde, sin que trascendiera a la prensa.
Las fuentes indicaron que Crinigan –que se desempeñaba hasta su detención como “enlace” entre la secretaría de Inteligencia del Estado y el ministerio de Defensa- negó tener relación “personal y funcional” con los hechos investigados en la causa.
Por otro lado trascendieron detalles de la declaración que brindó ayer el general Pascual Guerrieri, otro de los detenidos. El militar retirado denunció que eran objetos de una “persecución política” y realizó “una defensa de los objetivos” del proceso militar, indicaron las fuentes.
Guerrieri fue uno de los auxiliares de Galtieri en el Segundo Cuerpo con asiento en Rosario, y ya en tiempos de Raúl Alfonsín se desempeñó como “asesor” de la SIDE.