Los docentes requirieron la declaración de inconstitucionalidad de los Bocade y de los tickets Proms por supuesta violación de las Cartas Magnas nacional y provincial. En la acción judicial se hizo la reserva del caso federal para acudir a la Justicia Nacional en caso de una decisión negativa.
Mientras tanto, los amparistas requirieron a la justicia provincial que se cite a declarar como terceros involucrados a directivos del Banco Central y del Consejo Federal de Educación.
La demanda fue encabezada por el secretario general del gremio, Carlos Jiménez, quien aseguró que “Tucumán recibe por mes 3,8 millones de pesos en efectivo de la Nación, por la transferencia de las escuelas a la provincia, por lo que debe ser la moneda de curso legal con la que nos deben pagar”.
“Los trabajadores estamos financiando la deuda del Gobierno. Con los bonos se nos coarta la libertad de traslado y de acceder a servicios básicos, y se cristaliza una discriminación contra los estatales”, subrayó Giménez.
En tanto, el abogado del gremio, Alberto Nallar, sostuvo que los bonos no son ilegales, pero sí lo es su implementación. “La ley de creación dispone que la aceptación de esos papeles debe ser voluntaria. Además, se firma un recibo en pesos, pero se paga en bonos. Sólo se cambian al 100% a las empresas privilegiadas en los canjes ordinarios o paralelos, pese a que la ley habla del 1 a 1”, afirmó.