Si bien la causa sigue bajo secreto de sumario, se supo que entre los ocho prófugos figuran los coroneles retirados Jorge Luis Arias Duval y Julio César Ballere y el teniente coronel retirado Enrique José Del Pino, un ex jefe del denominado "Grupo de Tareas 2".
El nuevo pedido de captura internacional se suma a la orden de detención en el territorio argentino, que sigue en manos de la División Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA).
A pesar del hermetismo de las actuaciones, se sabe que el juez Bonadío indagó a otros dos detenidos, un ex policía y un ex "personal civil de inteligencia" que habrían realizado tareas menores y cuyas identidades no fueron reveladas a la prensa.
Entre los indagados hasta ahora por Bonadío, se cuentan entre otros el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, quien declaró ayer en medio de un discreto operativo de seguridad que logró mantener al detenido lejos de la prensa.
También se interrogó al ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército Guillermo Suarez Mason, a los coroneles (r) Jorge Suárez Nelson y Juan Gualco y al general (r) Juan Ramón Mabragaña, conocido por ser quien sofocó la rebelión encabezada por Aldo Rico en la localidad correntina de Monte Caseros, en enero de 1988.
En aquella oportunidad, tras doblegar con un puñado de disparos a Aldo Rico, Mabragaña dijo que el -como el carapintada- estaba "a favor de la libertad" de Jorge Rafael Videla y otros ex jerarcas de la dictadura militar iniciada en marzo de 1976.
También fueron indagados el general (r) Luciano Jáuregui y los coroneles Carlos Tepedino y Antonio Simón. El desfile por Comodoro Py 2002 alcanzó también a los ex policías Juan Antonio "Colores" del Cerro y Julio "Turco Julián" Simón.
En la causa se investiga el secuestro, desaparición y asesinato de 19 militantes montoneros que formaban parte de las llamadas "Tropas Especiales de Infantería" (TEI), el intento de "contraofensiva" decidido por la conducción de Montoneros, que reenvió a la Argentina a sus cuadros de tercera línea.
Estos secuestros se produjeron en cinco hechos, cuatro sucedieron en 1980 y el restante en 1978, y las presuntas responsabilidades engloban a efectivos civiles y militares que formaban parte del Batallón 601 del ejército y otros con responsabilidad en las zonas de frontera donde detuvo a varios activistas.
Fuentes judiciales no descartaron que en las próximas semanas -seguramente luego de la feria judicial- el juez Bonadío podría comenzar a estudiar si corresponde declarar inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por la que la mayoría de los detenidos fueron desprocesados en su momento.
Bonadío ya declaró inconstitucionales esas leyes para procesar a un grupo de efectivos de la Escuela de Mecánica de la Armada, acusados por el secuestro y robo de los bienes de bienes del empresario Victorio Cerutti, el abogado Conrado Gómez y el contador Horacio Palma.