Los involucrados en la causa fueron procesados en primera instancia por el juez de instrucción Julio Corvalán de la Colina en el marco de una investigación en la que intervino el fiscal José María Campagnoli.
Los camaristas Guillermo Navarro y Mario Filozof confirmaron la medida del juez de primera instancia en una resolución de cuatro carillas sobre la base de distintos elementos de prueba, entre ellos "el secuestro de armamento y municiones, automotores de alto costo, objetos sustraídos y reconocidos por las víctimas".
En cuanto a la figura de asociación ilícita, los jueces consideraron que estaba configurada y argumentaron en tal sentido que "la integración que se les endilga emerge a partir de la comprobada correspondencia entre sus miembros y la permanencia del espurio trato".
Según el "modus operandi" reseñado por la Cámara en su fallo, los imputados habrían provocado secuestros en su modalidad "express", al reclamar a los familiares de las víctimas sumas de dinero de relativamente poca cuantía, tras lo cual liberaban a los retenidos. Los secuestradores también habrían obligado en algunos casos a que los secuestrados extrajeran dinero de cajeros automáticos bajo amenazas con armas de fuego.
Ahora el expediente retornará a primera instancia donde se realizarán los trámites pertinentes para su elevación a juicio oral.