Bonadío viene desarrollando una intensa actividad luego de librar la orden de detención de 42 ex integrantes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, entre quienes se cuenta el ex presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y el ex jefe del disuelto Primer Cuerpo de Ejército Guillermo Suárez Mason.
Fuentes judiciales vinculadas con las investigaciones estimaron que el magistrado "avanza riesgosamente" en la vinculación de los hechos ocurridos entre 1978 y 1980 con la implementación del Plan Cóndor, ya que algunos de los secuestros de los militantes montoneros contaron con la colaboración de los militares de paises vecinos, como Brasil y Uruguay.
De avanzarse en esa dirección Bonadío tendría que resignar su competencia y remitir las actuaciones al juzgado federal 7, actualmente a cargo de Jorge Urso, quien a través de la secretaría a cargo de Oscar Aguirre, concentra todas las causas iniciadas por denuncias de hechos sucedidos a partir de ese acuerdo entre los gobiernos dictatoriales de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Este año los camaristas Gabriel Cavallo, Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, integrantes de la Sala Primera de la Cámara Federal porteña, ordenaron “profundizar la pesquisa a los efectos de investigar la comisión de otros crímenes contra la humanidad como, por ejemplo, posibles homicidios, torturas o robo en relación con desaparición forzada de personas” y concentrarlos en un solo despacho.
De ese modo, causas que se encontraban en trámite en otros juzgados, como la detención de militantes opositores en Paraguay que fueron entregados a la Armada Argentina, y que ahora figuran como desaparecidos, que se investigó en el juzgado federal 9, pasó a manos de Aguirre, a partir de aquel pronunciamiento de la Cámara.
En torno a esos hechos, informes desclasificados de inteligencia de los Estados Unidos confirmaron la existencia de campos de concentración, células represoras e intercambio de prisioneros entre la Argentina y Paraguay como parte del “Plan Cóndor”.
Esos documentos llegados desde la secretaria de Justicia norteamericana son analizados en los despachos de una Cámara Federal de Buenos Aires, que se aboca a concentrar pruebas para iniciar una voluminosa causa que incluya hechos ocurridos en la Argentina y otras naciones del cono sur.
“Esta es la iniciación de una megacausa que concentra investigaciones de diferentes juzgados federales y las que puedan efectuarse en el futuro”, señaló Aguirre, a una agencia internacional, dejando entrever que la causa que tramita actualmente Bonadio podría ser remitida a su juzgado.
El año pasado, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral libró oficio y un exhorto internacional a Chile para que preste declaración testimonial el ex secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, quien presuntamente estaba al tanto de lo que sucedía en el Cono Sur durante los años de represión ante el surgimiento de ideologías marxistas.