Fuentes judiciales indicaron que en la presentación, Alvaro y Francisco Erize plantearon nulidades en las que afirman que los investigados en la causa “no constituyen delitos”.
Ante esa presentación, la juez en lo correccional Ana Bulascio de Rúa suspendió, sin nueva fecha, la audiencia prevista para el próximo lunes, donde María Julía podía ejercer su derecho a defensa.
La causa que instruye la juez en lo Correccional se inició por la denuncia de los fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes en junio último requirieron la elevación a juicio oral de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de la ex funcionaria.
En el mismo momento, los fiscales detectaron que la ex secretaría de Estado transfirió a nombre de sus hijos dos departamentos del edificio de Riobamba 1224, en la Recoleta porteña, para evitar que los mismos fueran embargados por la justicia.
Se trata de un delito que prevé penas de seis meses a tres años de prisión, lo que lo convierte en excarcelable.
En su presentación, Mullen y Barbaccia sostuvieron que Alsogaray "no solo ha sacado bienes de su patrimonio, sino que el embargo dispuesto no ha podido cumplirse en su totalidad merced al accionar desplegado" por la imputada.
Indicaron además que la ex funcionaria sabía que no poda disminuir su patrimonio, pese a lo cual “conociendo la existencia de un proceso penal en su contra, se desprendió de bienes afectando de esa forma tanto la propiedad como la buena fe procesal”.