La decisión de Garzón, a quien se conoce por las causas por violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica y por haber ordenado la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, obedeció a cuestiones formales, ya que para acceder a ese tipo de reclamos España exige que exista antes un "auto de procesamiento", según explicaron fuentes judiciales.
Ese requisito contrasta con el ordenamiento jurídico argentino actual ya que antes de dictarse un auto de procesamiento se requiere primero que los imputados sea indagados, precisamente el motivo por el cual Bonadío reclama la presencia de los tres empresarios en su tribunal, ocasión en la que podrían ejercer su defensa.
La decisión de Garzón, ya había sido objeto de crítica por parte del juez Bonadío, quien al dictar el procesamiento del ex director de Gendarmería, Timar Musumesi, reconoció que le llamaba "poderosamente la atención la falta de cooperación" por parte de la Justicia de aquel país.
La operación investigada apunta establecer la presunta "direccionalización arbitraria" de una licitación internacional realizada en 1994 por la Gendarmería mediante la concesión de "créditos FAT" del gobierno español, de la que resultó adjudicataria la empresa Siemmens, cuyos directivos se encuentran con falta de mérito.
En tanto, Bonadío había librado orden de "arresto preventivo" de los empresarios Francisco Francis Orfila, Gabriel Martín García y Miguel Muñoz Rodríguez, presidente y directivos de la empresa española Tecosa, que tuvo participación activa en la operación.