El diputado acusó a los fiscales de “intentar asegurar la impunidad” del presidente de la Cámara Federal de Salta, Ricardo Lona, denunciado por su presunta colaboración en la llamada “Masacre de Palomitas”, un fusilamiento de once detenidos por parte de efectivos del Ejército el 6 de julio de 1976.
En la denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, Outes afirma que los fiscales habrían incurrido en delito “con intención de asegurar la impunidad permanente” de Lona, quien acumula “una serie de denuncias por su actuación” durante la dictadura militar.
Es que los fiscales denunciados se excusaron de intervenir en la investigación de la causa, reabierta en marzo de este año por una denuncia de organismos de derechos humanos de la provincia.
Outes afirma en su denuncia que Toranzos, Villalba y Trincavelli se excusaron argumentando el “vínculo de afecto y admiración como suficiente motivo de inhibición en toda causa” que no solo involucra a Lona sino a una serie de ex militares.
El legislador citó los artículos 271 y 272 del Código Penal, que “sancionan con penas de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial de uno a seis años a los fiscales que de cualquier modo perjudicaren deliberadamente la causa que le estuviere confiada”. Sostuvo además que incumbe a la Procuración General de la Nación “arbitrar los medios para que se establezcan las responsabilidades funcionales y penales” de los fiscales. Además el legislador cargó contra Lona al asegurar que “tuvo a su cargo durante más de 25 años todas las causas referidas a la represión” durante la última dictadura militar “sin que arribara a resultados eficientes sino, por el contrario, permitió que graves crímenes aún permanezcan en la penumbra”.
En el escrito de una docena de carrillas que originó el sumario, el legislador asegura que Lona, en sus tiempos de juez federal en la década del 70, “tomó conocimiento del traslado e identidad de quienes fueron finalmente fusilados mediante comunicación de las fuerzas militares y no activó medida preventiva alguna”.
Además, Outes remarcó que recurrió a la justicia federal de la Capital ya que aquí está el domicilio legal de la Procuración General de la Nación, porque “no existe posibilidad alguna” que los representantes del Ministerio Público salteño “investiguen los hechos denunciados”.
La “Masacre de Palomitas” está considerada como la “peor acción criminal en Salta”, cuando en un operativo del Ejército, fueron fusilados Celia Leonard de Avila, Leonardo Avila, Evangelina Botta, Pablo Outes, Amaru Luque, Rodolfo Usinger, María Alonso, José Povolo, Georgina Droz, Roberto Oglietti y Roberto Sabransky.