Fuentes judiciales confirmaron que la denuncia quedó radicada ante el fiscal Guillermo Montenegro, quien deberá revisar la actuación de su colega, en la causa que instruye el juez federal Jorge Ballestero.
En esa causa se investiga la supuesta defraudación que YPF cometió contra sus trabajadores en el entrega de las acciones clase "C", dentro de un régimen conocido como Programa de Propiedad Participada (PPP).
Los denunciantes, representados por la abogada Alejandra Dibo, recordaron que cuando la empresa fue privatizada tras la sanción de la Ley de Reforma del Estado, se estableció que el 10 por ciento de las acciones de la compañía correspondían a los empleados.
Pero luego, siempre según la letrada patrocinante, se firmaron decretos que reconocieron ese derecho sólo a los trabajadores que no se retiraban en los planes de retiro voluntario, lo que dejó sin percibir acciones a más de 32.000 empleados. Sin embargo, esos decretos nunca se habrían publicado en el boletín oficial, lo que originó la denuncia.
En ese momento, el fiscal Eduardo Freiler pidió la apertura de un sumario y diversas medidas de prueba, pero luego Stornelli opinó que el reclamo debía pasar a la justicia laboral, con el consiguiente archivo de la acción penal.
Para los denunciantes, aunque el juez Ballestero no archivó el expediente, la falta de impulso por parte del fiscal, no permitió que se ordenaran medidas de instrucción, como el allanamiento a la sede central de la empresa para secuestrar importante documentación probatoria, que según la representante de los ex empleados, hubiera permitido “comprobar” el perjuicio.