La causa la inició la juez María Servini de Cubría pocas horas después de que el dirigente puntano abandonara el cargo de presidente, por cadena nacional, desde la ciudad de San Luis. En ese momento, la juez –que estaba de turno- lo “intimó” a volver a sus funciones “en un plazo de cuatro horas” si no lograba demostrar que su renuncia había sido aceptada por alguien y era legal.
Sin embargo, Servini decidió hace pocos días sobreseer a Rodríguez Saá, embarcado ahora en la carrera electoral para las primarias del justicialismo. Por eso, el fiscal apeló, calificando de “prematura” la decisión de Servini, aunque admitió que no existen todavía indicios suficientes para citar a Rodríguez Saá a declaración indagatoria.
Para el fiscal, se debe profundizar la investigación en torno a “las veinte horas” que pasaron entre la renuncia del puntano –el domingo 30 de diciembre por la noche- y la asunción como presidente provisional de la Cámara de Diputados, Eduardo Caamaño, el 31 de diciembre por la tarde.
Incluso, Comparatore entendió que la investigación debe ahondar también en las razones de Ramón Puerta, por entonces presidente provisional del Senado, para no asumir la primera magistratura que le correspondía por ser el segundo en la cadena sucesoria.
Al oponerse a la decisión de Servini, el representante del Ministerio Público afirma que “aún resta aclarar las razones por las cuales el Dr. Rodríguez Saá no volvió a la ciudad de Buenos Aires”, el 30 de diciembre y además, reclamó que se investigue si el ex presidente “dispuso algún mecanismo para evitar dejar acéfala la primera magistratura del país”, en el delicado momento institucional que pasaba la Argentina, luego de la violencia que signó la salida del gobierno de Fernando De la Rúa, apenas diez días antes.
En su momento, el ahora precandidato presidencial argumentó “razones de salud” para no volver a Buenos Aires en el mismo avión en el que su edecán volaba a la capital con el texto de su renuncia. Después, hizo uso de una “licencia” hasta que fue reemplazado por Caamaño.
Para Comparatore, el mecanismo correcto era que Rodríguez Saá siguiera en funciones hasta que la Asamblea Legislativa le aceptara la renuncia lo que ocurrió un día después de la retirada.
Además de apelar el sobreseimiento, que significaría en la práctica el archivo de la causa, el fiscal pidió que se cite a declaración testimonial a los miembros del gabinete de Rodríguez Saá, a varios senadores y diputados nacionales y hasta a los jefes de las fuerzas armadas y de seguridad para que digan “si durante las horas aquí investigadas tuvieron dudas sobre la persona que ejercía la Presidencia de la Nación o consideraron acéfalo el cargo”.