Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun arribaron a esa conclusión tras “tener por desistido” un recurso de apelación contra el sobreseimiento que en primera instancia dictó la jueza federal María Servini de Cubría.
El 27 de agosto pasado, el fiscal Luis Comparatore apeló el sobreseimiento dictado por Servini de Cubría, por lo que el caso pasó a la Cámara Federal. Allí, el fiscal Ricardo Saenz, quien debía “mantener” el recurso en segunda instancia, afirmó que “no está acreditado que Rodríguez Saá haya actuado con dolo”, es decir con voluntad criminal al abandonar su cargo.
Con esa respuesta del fiscal de Cámara, Irurzun y Catani quedaron “impedidos” de “adentrarse en el fondo de la cuestión”, indicaron las fuentes. De esta forma, el sobreseimiento quedó técnicamente confirmado.
En la apelación fiscal al sobreseimiento que ahora quedó trunca, Comparatore calificó de “prematura” la decisión de Servini porque “todavía restan producir diligencias de prueba”, e indicó además que “existen en el sumario suficientes indicios” para convocar a Rodríguez Saa a declaración indagatoria".
Sin embargo, el fiscal Saenz entendió ahora que “no hubo abandono de funciones ni daño al servicio que (Rodríguez Saá) prestaba a la República y que, en lo jurídico, su actuación carecía de voluntad criminal”.
Si la causa hubiera prosperado, Rodríguez Sáa podría haber afrontado cargos de inhabilitación de hasta cuatro años y hasta dos años de prisión, por los presuntos delitos de “violación de los deberes de funcionario público”, por obrar en contra de disposiciones constitucionales y abandonar la función pública causando un perjuicio a la administración.