En distintas presentaciones formuladas por su defensa, a cargo del abogado Alejandro Novak, el ex mandatario condenó el accionar de la Oficina Anticorrupción cuyo accionar calificó de "fascistoide", y aseguró que el organismo dependiente del Ministerio de Justicia está "integrado por militantes del ex FREPASO" que con celeridad "digna del mejor elogio" lo denunciaron ante la Justicia por omisión maliciosa, a menos de 24 horas de haber reconocido la existencia de una cuenta en Suiza por 600 mil dólares "sin realizar ninguna indagación".
En el escrito, sostuvo que la OA está integrada por "familiares políticos" del ex presidente Fernando De la Rúa y que la denuncia pretendía evitar la "extinción de la acción penal", una forma de proceder "digna del mejor estilo fascistoide".
Luego de señalar los presuntos fines políticos por los cuales fue creada la OA, Menem advirtió que "en cada oportunidad en que los tribunales son utilizados con finalidad política aparece el elenco estable de la denuncia", conformado por las diputadas Elisa Carrió y Graciela Ocaña, acompañados por "su vocero" el legislador Gustavo Gutierrez.
Por otra parte, anticipó que denunciará al titular de la OA, José Massoni, por haber puesto en boca del fiscal de la causa AMIA, Eamon Mullen, la existencia de una cuenta en Suiza a su nombre, lo que "resulta falso" .
También señala, y en torno a los mismos hechos investigados por el juez federal Norberto Oyarbide, que el segundo de la OA, Manuel Garrido, se hizo eco del "material" proporcionado por los legisladores del ARI y solicitó distintas medidas de prueba, entre ellas el oficiar "al Financial Crime Enforcement Net Work para determinar si poseo cuentas en aquel país".
"La intención es obvia", sostuvo Menem en su presentación, al sostener que "se trata de incorporar" en la causa "una nueva investigación por el delito de enriquecimiento ilícito y de esta manera desconocer lo resuelto oportunamente por la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal y la Sala Primera de la Cámara del fuero" en torno a este último delito.
Además, también condenó a otros de los denunciantes, el abogado Juan Carlos Iglesias, quien lo acusó de tener "importantes sumas" de dinero en el exterior, y Carlos Busto al que califico de "político de probeta" y "Stalin de Cabotaje".
Menem ironizó al sostener que los cargos en su contra contenidos en el exhorto librado por Oyarbide, que también alcanzan a otras personas de su conocimiento, transforman el delito de "omisión" en "enriquecimiento ilícito, cohecho, violación de los deberes de funcionario público", por lo que sugirió que "se agregue cualquier otro, como homicidio o cualquier otro delito culposo. Total todo vale".
Por ese y otros motivos Novak, en representación de Menem reclamó la nulidad del exhorto "librado a las autoridades de la Confederación Helvética por haberse apartado del objeto procesal de la causa en clara inobservancia de las formas esenciales del proceso, con grave afectación de la defensa en juicio".
Asimismo, le reclamó a Oyarbide poner "en orden la causa" a fin de terminar con el "show mediático".
La competencia
Respecto de pedido de declinatoria de competencia, Menem sostuvo que el objeto de la causa de Oyarbide se encuadra en los alcances del artículo 268 (3) del Código Penal que pena con prisión de quince días a dos años a aquel funcionario que omitiera incorporar datos en su declaración jurada patrimonial.
Sin embargo, el artículo 1 de la ley 24769 pena con prisión de 2 a 6 años a aquel que mediante ocultación "maliciosa evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco", delito que tiene un fuero específico y por esa razón reclamó que la causa sea remitida al fuero Penal Económico.
También impugnó, al presentar un pedido de "excepción de falta de acción (litispendencia) a partir de la acumulación de causas dispuesta por Oyarbide el pasado 12 de agosto, con el fin de evitar "la duplicación y superposición de trámites", ya que Menem ya es investigado por el presunto enriquecimiento ilícito con "identidad de persona" e "identidad de objeto material", en el juzgado en lo Penal Económico 3, a cargo de Julio Speroni, en relación con la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y reclamar por la vigencia del principio de "non bis in idem" por el cual una persona no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho delictivo.
Por otra parte, pidió la nulidad del llamado a indagatoria, decisión a la que consideró "arbitraria" por "apartarse de las normas que expresamente rigen el instituto", ya que el único elemento invocado por el fiscal Miguel Ángel Osorio al reclamar la medida fue la confesión de Menem de la existencia de la cuenta, sin que la misma haya sido demostrada fehacientemente.