Cirielli, secretario general de APTA, pidió al juez Guillermo Rossi, a cargo del juzgado del fuero Contencioso Administrativo Federal número 12, que ordene al Estado hacer cumplir a la aerolínea de bandera nacional “la prestación del servicio de transporte aéreo comercial internacional, regional y nacional en un todo de acuerdo con los términos establecidos en la correspondiente concesión”.
Asimismo, el gremialista destacó en diálogo con los periodistas acreditados en tribunales que “deben reestablecerse las sucesivas ampliaciones de la concesión que le fuera otorgada para la explotación en todas las rutas concedidas”.
En el escrito presentado hoy, APTA señala que “la SEPI (Sociedad Española de Participación Industrial, organismo estatal español que controla Aerolíneas) procedió unilateralmente al levantar algunas rutas de cabotaje” y luego “suspendió sus principales servicios internacionales como Estados Unidos, Brasil, Australia y Nueva Zelanda”.
Según Cirielli, “con esta actitud unilateral contradice su declarado propósito de reequilibrar financiera y económicamente a Aerolíneas Argentinas S.A., pues la priva de sus fuentes de ingreso más importantes”.
Cirielli aclaró en qué puntos se opuso al “plan director” propuesto por la SEPI: las cláusulas que se refieren al despido de personal, modificación de horarios y reducción de salarios. La actitud del dirigente generó que la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, intentara quitarle al sindicato la personería gremial.
El sindicalista explicó que su decisión no fue considerada arbitraria “porque se sustentó en la ley 23.551, que fija como objeto de las asociaciones profesionales de trabajadores la defensa de sus intereses”.
En la presentación judicial, Cirielli solicitó “que el Estado reconozca los derechos de los habitantes expresados en la Constitución Nacional y en el artículo 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos”.
También consideró el gremio en el escrito que las normas del Código Aeronáutico Nacional (ley 17.285) “constituyen garantías”, al haber impuesto al Poder Ejecutivo y a la autoridad administrativa el deber de exigir el cumplimiento de las obligaciones previstas en las concesiones otorgadas”.