Rocha fue indagado como imputado, durante una hora y media por el juez de Instrucción Víctor Pérez, y en presencia del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, quien inició esta investigación en febrero de este año.
La semana pasada ya declararon los ex bussistas Jorge De Faveri y Nancy Albero y los justicialistas Rosa Augier de Rojas y Guillermo Vargas Aignasse, aunque sólo el primero se abstuvo de hablar y pidió tiempo para estudiar el proceso.
La causa se inició el 22 de febrero (tres días después de que se aprobó la reforma) cuando el diputado nacional Ricardo Bussi denunció ante Jerez que De Faveri le había dicho que "el oficialismo (el PJ) había ofrecido plata para aprobar la reforma".
Cabe recordar que el gobernador Julio Miranda, desde su asunción en 1999 manifestó sus intenciones de reformar la Constitución provincial -la actual data de 1990 y de su sanción no participó el justicialismo, sino Fuerza Republicana-, para adaptarla a la nacional de 1994.
Los opositores sostienen que el verdadero objetivo de la reforma es permitir la reelección de las actuales autoridades, hoy prohibida por la Constitución, sin embargo Miranda dijo hace un mes que la reelección debería regir para el próximo mandato.
Hace tres meses, Pérez solicitó el desafuero de los 27 legisladores que votaron la reforma pero la Legislatura rechazó el pedido, sin embargo, hubo 10 parlamentarios que insistieron y consiguieron que el cuerpo los autorice a declarar en la Justicia.
Los ex bussistas De Faveri, Diego Nieva, Gustavo Rojas Alcorta, Adriana Neske, Albero y Julio Topa; los peronistas Augier de Rojas, Vargas Aignasse y Rocha, y el radical Juan Vildoza fueron desaforados para poder ser declarar, como lo están haciendo.
La decena de legisladores pidió que se los autorice a ir a la Justicia después de que se conoció que Alejandra Ducca, esposa del legislador Mariano Poliche (ex bussista), declaró ante Jerez que Miranda autorizó el pago de 2 millones de pesos en coimas.