De ese modo, Adriana Neske de Gutiérrez, del Movimiento Independiente (MI) negó ante el juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Pérez, haber recibido sobornos para votar, junto con otros 26 legisladores, por la ley que habilitó la enmienda, el 19 de febrero último.
En ese sentido, la legisladora aseveró que "jamás” escuchó sobre la existencia de las coimas al tiempo que remarcó que nunca participó en “nada raro” y agregó que estuvo y esta favor de la reforma, porque “hay que actualizar muchos institutos de la Carta Magna".
Neske de Gutiérrez, a quien Pérez la imputó por presunto enriquecimiento ilícito por la compra de una camioneta, demostró que la adquisición de la misma está debidamente justificada, ya que explicó que “el vehículo fue permutado por otro y el saldo se canceló con documentos".
El tema que ahora se debate en los estrados judiciales se inició a raíz de que el diputado Ricardo Bussi el 22 de febrero denunció ante el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, que el legislador de su partido Jorge De Faveri le había dicho que "el oficialismo había ofrecido plata para aprobar la reforma".
A partir de esta denuncia Pérez solicitó el desafuero de los 27 legisladores que el 19 de febrero votaron por la reforma, pero la Legislatura rechazó el pedido, sin embargo, hubo 10 parlamentarios que insistieron y consiguieron que el cuerpo los autorice a declarar en la Justicia como imputados.
Los ex bussistas De Faveri, Nieva, Gustavo Rojas Alcorta, Neske, Nancy Albero y Julio Topa; los peronistas Rosa Augier de Rojas, Gerónimo Vargas Aignasse y Edgardo Rocha, y el radical Juan Vildoza fueron desaforados para poder declarar.
La decena de legisladores pidió que se los autorice a ir a la Justicia después de que se conoció que Alejandra Ducca, esposa del legislador Mariano Poliche (ex bussista), declaró ante Pérez que Miranda autorizó el pago de 2 millones de pesos en sobornos.