La medida fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal, tribunal que confirmó el procesamiento que contra el ex funcionario había dictado el pasado 12 de marzo el juez federal Juan José Galeano.
Ain habría provocado “el fracaso de la licitación pública” por la cual se había convocado en 1993 a empresas para el servicio de limpieza del Ministerio de Salud y Acción Social, al incluir a último momento una cláusula “de imposible cumplimiento” por la cual las firmas que se presentaron debían estar inscriptas en el Registro de Operadores de Residuos Patológicos.
Las empresas impugnaron la licitación y la misma fue suspendida, por lo cual se prolongó el contrato con la firma que venía prestando esos servicios, la empresa “Laime”, que resultó beneficiada y que cobraba a razón de 66 mil pesos mensuales. El contrato se extendió por un año hasta el nuevo llamado a licitación.
Los testigos que declararon en la causa no coincidieron a la hora de confirmar o negar la existencia en la planta baja del Ministerio de una dependencia en la cual los enfermos de SIDA recibían atención médica, argumento que constituía la base de la defensa de Ain ya que dijo haber incluido la cláusula en cuestión debido a los reclamos que recibían de parte de los empleados de la cartera que se habrían quejado por la presencia de “algodones manchados con sangre y jeringas”.
El jefe del servicio de atención a los enfermos con SIDA, Alfredo Miroli, negó la especie al señalar que en la dependencia a su cargo solo se asesoraba a los pacientes.
En el expediente también declaró el ex ministro de Salud y Acción Social Alberto Maza, quien se pronunció en el mismo sentido.