22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Exclusivo: Naufraga una denuncia clave en la causa AMIA

El juez federal Claudio Bonadío archivó una investigación por presuntas irregularidades cometidas por la empresa Movicom en la confección de los listados con la ubicación de los teléfonos móviles de Ribelli y otros policías el día de la entrega de la camioneta-bomba. Los querellantes dicen que la pesquisa no se agotó.

 
El juez federal Claudio Bonadío mandó a archivar una investigación sobre presuntas irregularidades en la confección de listados de ubicación de teléfonos celulares que la empresa Movicom aportó en su momentos a la causa AMIA, a pedido del juez Juan José Galeano, confirmaron fuentes judiciales.

La causa paralela se inició por pedido de Galeano, porque Movicom entregó dos informes con resultados diametralmente opuestos sobre un hecho clave: la ubicación de los teléfonos celulares del ex comisario Juan José Ribelli y sus subordinados el 10 de julio de 1994, el día que la camioneta Trafic que se usó como coche bomba en el atentado cambió de manos.

Primero, la empresa determinó que los celulares en cuestión estaban en la zona de Villa Ballester donde vivía Carlos Telleldín, quien en la mañana del 10 de julio entregó la camioneta a -según afirma- los policías que lo sobornaban.

De esta forma, el documento de Movicom se constituía como pieza clave de la acusación contra los policías. ¿Qué hacía Ribelli y su gente en Villa Ballester, cuando su lugar de trabajo era la zona sur del Gran Buenos Aires?

Sin embargo, Ribelli nunca tuvo que responder este interrogante. Al poco tiempo, otro informe de Movicom ubicó los teléfonos en otro lugar: Avellaneda, zona de asiento de la Brigada de Lanús, donde el ahora acusado como partícipe necesario era jefe de Operaciones.

A partir de ese momento, Galeano quiso saber los motivos del error y se encontró con respuestas parciales. Según los responsables técnicos de la empresa de telefonía celular, el supuesto error en la confección del primer listado se debía a un problema técnico, que sin embargo no podía chequearse, porque la empresa había cambiado de sistema.

El personal de sistemas de la empresa de telefonía celular tampoco pudo descartar que la información haya sido adulterada u ocultada, “ya sea por parte de algún empleado infiel de la firma, o directamente por personas ajenas a ésta que posean interés en fraguar las pruebas que serían luego utilizadas en este proceso”, opinó en 1999 el juez Galeano al realizar la denuncia que recayó en el juzgado de su colega Bonadío.

Esta situación, por si sola, generó un mar de suspicacias entre los querellantes pero las dudas crecieron al constatar cómo había llegado el nuevo informe de Movicom al expediente: con la intervención de un comisario mayor de la policía provincial, Luis Alberto Carnagui.

Para los abogados de la AMIA, Carnagui pidió la información a través de un oficio en donde se daba a entender que lo hacía “en nombre del juzgado de Juan José Galeano”, aunque no era así. “Esta información obtenida irregularmente llegó manos de Ribelli, quien pidió que el Galeano reiterara la solicitud, por lo que Movicom entregó al información que lo beneficia”, explicaron fuentes de la acusación.

Por esta actuación irregular de Carnagui, los querellantes en esta causa paralela reclamaron su declaración y la remisión de un sumario interno que la Policía bonaerense realizó en su momento, para aclarar origen y destino de la solicitud y la respuesta de Movicom.

Ninguna de estas medidas fueron contempladas por Bonadío, quien entre las dos opciones posibles de investigación, optó por entender que los informes contradictorios se debían a un error técnico y no a una mano negra que modificó datos para favorecer a los detenidos. Por eso, envió la denuncia a archivo.

De esta forma, Bonadío no atendió a los pedidos pendientes de los querellantes, quienes en un escrito al que tuvo acceso este diario habían reclamado “una exhaustiva pesquisa capaz de dar una respuesta seria a los interrogantes que aún hoy tenemos en torno a los informes de la empresa Movicom”.

Para la AMIA, la investigación de Bonadío no disipó las dudas sobre el tema. “Es demasiada casualidad que por un error técnico se haya ubicado los teléfonos de Ribelli y su gente justo en Villa Ballester, el día y la hora de la entrega de la camioneta”, indicaron.

Además, insistieron en que tampoco se agotó la pesquisa en torno a un supuesto “error técnico” en la confección del primer listado. En esa línea, según los querellantes, el juez ni siquiera avanzó en la obtención de un listado completo del personal de Movicom que podría haber participado en el estudio.

Mientras tanto, esperan que con la causa a punto de naufragar en la instrucción, se pueda arrojar algo de luz sobre el asunto en el juicio oral en curso, donde están citados como testigos, entre otros, el actual presidente de Movicom, Mauricio Wior.

Puede ver otras notas relacionadas con el juicio del atentado a la AMIA en DiariodelJuicio.Com



ms / dju
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