Así lo resolvió la Sala II de la Cámara, integrada por Román Frondizi, Leopoldo
Schiffrin y Sergio Dugo, en los autos "Consejo Superior del Colegio de Abogados
Pcia. Bs.As. c/ Est. Nac.- Bco. Central- Ministerio de Economía s/ amparo".
En marzo de este año, el titular del juzgado federal N° 4 de La Plata, Julio
Cesar Miralles, decretó la inconstitucionalidad del Decreto 214/02, art. 12;
del Decreto 320/02, art. 3°; del art. 18 de la ley 25.561 que sustituyó al art.
195 bis del CPCC y en lo que se relaciona con la medida cautelar asegurativa
requerida por el Consejo Superior accionante, ordenó la transferencia de los
fondos depositados "por cada delegación en las entidades crediticias locales,
en su moneda de origen ..al Banco de la Nación Argentina con sucursal en el
Departamento judicial al que las mismas pertenezcan, a una cuenta a nombre de
estos autos y a la orden del juzgado". A ello se agregó, también en lo cautelar,
que se autoriza a que el Colegio de Abogados de La Plata retire $ 10.000 mensuales
de los fondos que tuviese depositados en una cuenta de la sucursal Tribunales
del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En lo relativo a la medida cautelar peticionada a favor de los abogados en
su ejercicio profesional ordenó la libre disponibilidad de los fondos que pudieran
tener depositados abogados matriculados en los respectivos Colegios de Abogados
departamentales, en cualquier modalidad de imposición bancaria (cuenta en pesos,
cajas de Ahorro, plazos fijos, etc.), sean los importes allí depositados derivados
de honorarios por cualquier tarea profesional o de depósitos de terceros clientes
para permitir la atención y pago de gastos ordinarios, extraordinarios y necesarios
para el desempeño da su profesión y actividad, personal o familiar. Se señaló
que cada profesional que considere estar abarcado por la medida deberá justificar
en la entidad bancaria que corresponda su carácter de abogado en ejercicio,
su titularidad o condición profesional para disponer, a los fines indicados,
de las sumas existentes.
Finalmente, haciendo lugar al requerimiento introducido por el Colegio de Abogados
del Departamento Judicial de La Plata en relación a las sumas existentes en
depósito judicial se dispuso que las instituciones bancarias en las que tales
depósitos obraren deberán abstenerse de aplicar a éstos, cualquiera sea su situación
de depósito, las normas legales que limitan la disponibilidad de los importes,
absteniéndose consecuentemente de realizar con éstos cualquier mecanismo de
reprogramación y permitiendo que los fondos se encuentren depositados en cuentas
a la vista a nombre de los autos y Tribunal que pudiera intervenir en la moneda
de origen.
Contra esta decisión se interpusieron los recursos de apelación deducidos por
el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por el Estado Nacional, el Banco Río
de la Plata, la Banca Nazionale del Lavoro, el BBVA Banco Francés S.A., el Bank
Boston N.A., el HSBC Bank Argentina S.A., el Banco Credicoop Cooperativa Limitada,
y por el Citibank N.A.
Con posterioridad al dictado de la medida cautelar se presentaron los Colegios
de Abogados de los Departamentos Judiciales de Necochea, San Isidro y San Nicolás,
adhiriendo al planteo de origen, lo que motivo un nuevo pronunciamiento judicial
que extendió la medida ordenada a dichos Colegios.
Para la Sala, en cuanto a los requisitos para conceder la medida cautelar,
"la calidad colegial y el objeto de los entes accionantes; "prima facie"
acuerdan suficiente verosimilitud al derecho que se invoca, en tanto las restricciones
dispositivas emergentes de las normas legales que cuestionan podrían originar
un impedimento cierto para la continuación de su actividad de control y saneamiento
de la matrícula profesional si no pudiesen afrontar el pago de los salarios
y/o gastos operativos ordinarios necesarios a ese fin...En consecuencia, la
transferencia y liberación parcial de fondos dispuesta está dirigida a garantizar
la subsistencia de su operatoria funcional vinculada a posibilitar el pago de
las remuneraciones necesarias para la atención de los salarios correspondientes,
al personal de su planta, gastos de funcionamiento, e incluso, los eventuales
servicios profesionales que se puedan requerir para el cumplimiento de su objeto
fundacional".
Por ello, "en mérito a lo expuesto, debe mantenerse la medida adoptada por
el a quo de transferencia de los depósitos a una cuenta judicial adoptada por
el a quo en relación al Consejo Superior y a los Colegios Departamentales, teniéndose
presente que dicha suma está destinada a satisfacer los fines estatutarios y
por ende, exceptuada - en este estadio- de la indisponibilidad dispuesta por
la normativa impugnada. De igual manera, corresponde confirmar la medida dispuesta,
en particular, respecto del Colegio de Abogados de La Plata".
En lo relativo a la medida otorgada en favor de los abogados, analizando la
legitimación para obrar que inviste el Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires a través de su órgano ejecutivo, el Consejo Superior, para intervenir
en estos autos y solicitar tal medida, se entendió que "la existencia de
legitimatio ad causam... como condición jurídica en la que se halla el amparista
en razón del derecho que invoca en juicio, se sustenta en su calidad de entidad
con atribución legal para representar a los Colegios de Abogados Departamentales
en sus relaciones con los poderes públicos (art. 50 inc. a, ley provincial 5167),
circunstancia de la que deriva, prima facie, su capacidad genérica para ejercer
actos en defensa de los profesionales miembros de tales colegios departamentales
con el objeto de asegurar el ejercicio de su profesión (Arts. 1 inc. 2, 19 incs.
1,10 y concs. Ley provincial 5177)".
"En ese sentido, a partir de la reforma constitucional de 1.994, como consecuencia
de lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional, la actividad desplegada
en autos por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ha tendido
a tutelar intereses colectivos de todos aquellos abogados que integran los colegios
departamentales a los que el Colegio Provincial representa, atribución que conlleva
la posibilidad de formalizar acciones judiciales que, en términos amplios, tiendan
a garantizar o ejecutar derechos inherentes a la persona de profesionales abogados,
como consecuencia directa de su ejercicio profesional".
De todas maneras, los camaristas advirtieron que en autos se demandó al Estado
Nacional, al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central de la República
Argentina y no a las entidades bancarias destinatarias de la medida cautelar,
por lo que, "encontrándose el supuesto previsto por el art. 89 del CPCC,
deberá el juez a quo integrar la litis con los bancos respectivos, solicitándoles
que rindan el informe establecido por el art. 8° de la ley 16.986"
Por ello, se resolvió confirmar la resolución de primera instancia y ordenar
que el a quo integre la litis con los bancos respectivos, a efectos de hacer
efectivo lo dispuesto en el fallo de primera instancia.