La Sala Segunda del Tribunal entendió que los legisladores no tienen legitimación para intervenir, ya que para esa función están asignados los fiscales.
En una resolución de ocho carillas los camaristas Eduardo Luraschi y Martín Irurzun hicieron lugar a un planteo efectuado por los abogados defensores del ex banquero Rohm.
Los camaristas recalcaron que "los legisladores no están legitimados para velar por los intereses del Estado supuestamente ofendido por el hipotético delito en calidad de querellantes, pues esa tarea recae sin lugar a dudas en el Ministerio Público Fiscal".
En ese sentido, aclararon que ese Tribunal siempre tuvo una "concepción amplia" para reconocer legitimación para actuar pero que, en este caso, no se alcanza a establecer cuál fue la "afectación inmediata de los derechos" de los diputados.
Abundaron al sostener que "la sola existencia de un especial interés en la investigación penal no se presenta como pauta fundante a la hora de decidir acerca de la procedencia de la legitimación procesal".
"La alegada existencia de un impedimento en el ejercicio de sus funciones propias de los integrantes del Poder Legislativo" no se basa en ningún "fundamento válido para sustentar tal hipótesis", destacaron.
En la causa, la misma Sala confirmó el 15 de julio último el procesamiento de Rohm con prisión preventiva y un embargo de 100.000.000 de pesos.