"Muy por el contrario, los accionistas de Aerolíneas Argentinas aportaron desde la privatización una suma superior a los mil ochocientos millones de dólares", enfatiza la compañía en el escrito que presentaron ante los juzgados federales a cargo de Juan José Galeano y Rodolfo Canicoba Corral, y en el de instrucción a cargo de Ernesto Botto.
La presentación formulada por el presidente de Aerolíneas, Patricio Zavalía Lagos, con la asistencia de los abogados Carlos Fontán Balestra y José María Figuerero, desmiente que la compañía tenga en su flota un sólo avión propio y que se hayan vendido los edificios donde funcionaban las oficinas en el exterior, pero reconoce que vendió o enajenó los cuatro simuladores de vuelo que los trabajadores denunciaron en las últimas semanas, operación que está siendo investigada por el juez Galeano. También asegura que "las rutas son objeto de concesión por parte del Estado Nacional" argentino.
La ofensiva del principal directivo de la compañía propiedad de la SEPI española se produjo en medio de insistentes versiones que aseguran que en las próximas horas la empresa pedirá su concurso de acreedores, y en el marco de la protesta generalizada de los trabajadores contra el cierre de la línea de bandera y las sucesivas suspensiones de vuelos a distintos puntos de América y Europa.
La empresa justificó las operaciones llevadas a cabo desde la privatización al sostener que "analizadas en su conjunto, no determinaron la perdida de activos de la firma, sino que por el contrario respondieron a una política de conservación de los recursos de la empresa de un modo racional y acorde con las reglas de una sana política económica". A esto, se agrega en la presentación que a "simple vista" (sic) se puede apreciar que "la empresa dispone de 26 aviones propios y 19 en alquiler" y que de ese modo "queda demostrado que lejos de existir una política de liquidación de la flota, se han realizado ingentes esfuerzos para mejorarla y modernizarla".
En el detalle de su flota comparado con los que recibió al momento de su privatización en 1990 surge que la firma se desprendió de uno de sus aviones 737 y que ya no figuran los 7 Boeing 727 que, según se explicó fueron sustituidos por 6 MD83/88.
En relación con la venta de inmuebles asegura el escrito que Aerolíneas Argentinas "no poseía oficina alguna de su propiedad ni en Nueva York, ni en Paris ni en Roma" ya que "se trataba simplemente de contratos de alquiler de oficinas, que fueron mudadas a otros sitios por vencimiento o criterios de modernización de la gestión comercial".
En otro de los puntos hace alusión a la venta de los simuladores de vuelo y en ese sentido sostienen que la compañía poseía uno de Boeing 727 y otro de Boeing 707, que "fueron vendidos debido a que la empresa no contaba con aviones de ese tipo que justificaran conservarlos".
Sin embargo, reconoce que "respecto de los simuladores de Boeing 737 y Boeing 747 "al decidirse la venta del terreno donde se asentaban -por medio e la cual se adquirieron por permuta las oficinas de la Torre Bouchard- se decidió proceder a su enajenación".
Respecto de las rutas aéreas negaron que las mismas fueran "un bien vendible a voluntad" , al sostener que "son objeto de concesión por parte del Estado Nacional, para ser explotadas por las empresas de transporte aéreo" de conformidad con las normas del Código Aeronáutico Argentino, por lo que "el único que otorga o quita rutas es el Estado, no las empresas privadas" y "cualquier modificación en tal sentido sólo puede practicarse con autorización expresa del Estado Nacional".
Investigan si hubo subversión económica
Por su parte, un grupo de fiscales avanza en la investigación por el delito de subversión económica agravada, el único tipo penal que no habría prescripto y que permitiría un reproche a los responsables.
La Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando (UFITCO), recibió una denuncia de la diputada Alicia Castro, también titular del gremio de los aeronavegantes, para que investigue si la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI), que tiene el 85 por ciento del paquete accionario de la empresa, realizó maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero.
Castro también hizo su presentación ante la Oficina Anticorrupción y hay seis juzgados de los fueros federal y de instrucción que investigan delitos relacionados con la administración de Aerolíneas Argentinas.
Sin embargo, según adelantaron fuentes judiciales a este medio, sólo la investigación sobre el delito de subversión económica, agravado por verse afectado un servicio público, evitaría la prescripción de la acción penal por hechos que habrían ocurrido al comenzar la década del 90.
A través de la sociedad anónima Interinvest, la SEPI se transformó en la principal accionista de Aerolíneas, luego de la privatización de Iberia. Interinvest es una de las sociedades que inspecciona la Comisión de Diputados que investiga el lavado de dinero, y que habría tenido movimientos financieros con la cuenta que el Federal Bank tenía en el Citibank de Nueva York.
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