En el escrito que lleva la firma del Procurador Nicolás Becerra, se afirma que "no resulta razonable prolongar el encarcelamiento de Trusso" en razón de que la pena que le correspondería si fuese condenado podría ser de cumplimiento
condicional o, en su defecto, estaría cumplidas en tal proporción que debería acceder al beneficio de la excarcelación.
Recordemos que Trusso actualmente está preso por orden de la juez de Transición de La Plata Marcela Garmendia y del juzgado de instrucción número 24 de la Capital Federal, hoy vacante.
En la causa de La Plata está procesado por el presunto delito de defraudación que se habría cometido contra los clientes del BCP, al tiempo que en la justicia de la capital federal se lo imputó ya que se lo consideró "partícipe necesario de estafa" a raíz de un préstamo de diez millones de pesos de una mutual militar al Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires.
Becerra, al referirse a la situación de Trusso, que lleva preso dos años y siete meses, afirmó que con el tiempo que lleva recluido “es de prever que quien lleva ya tanto tiempo de encierro por un delito en principio excarcelable y que hasta podría merecer los beneficios de la suspensión de la pena o del juicio difícilmente se sustraiga a un proceso cuyo pronóstico es el de una pena no demasiado elevada".
Además, opinó que se puede “inferir que Trusso, de ser excarcelado, no eludirá la actuación de la justicia” ya que estimó que a esta altura “le favorece menos la rebeldía que la sujeción"
Asimismo, destacó que las características personales y familiares del imputado conforman un elemento “más para inferir que difícilmente, y luego de las penurias del encarcelamiento en un país extranjero, esté dispuesto a reiterar la experiencia traumática de la contumacia".
El ex banquero fue detenido en Brasil el 13 de agosto de 1999, pero cuando el proceso de extradición reclamado por Argentina estaba cerca de cumplirse, logró huir de la cárcel el 15 de diciembre de 2000. Sin embargo, el 9 de agosto de 2001 fue recapturado y finalmente traído a Buenos Aires.
La maniobra que investiga la justicia se relaciona con un préstamo, cuyo garante era el BCP, gestionado por Trusso a fines de junio de 1997 por el cual la Sociedad Militar Seguro de Vida otorgó un mutuo de diez millones de pesos, pagados con dos cheques de cinco millones cada uno, en favor del Arzobispado.