Garmendia dispuso también el cierre del sumario y pasó la causa a vista de la fiscal que interviene en el trámite, Rosalía Sánchez, quien ahora deberá dar su opinión a través de un dictamen respecto a todos los procesados en la investigación del BCP.
El ex banquero, sobre quien pesaba un pedido de captura de la Justicia de la provincia de Buenos Aires por la caída del Banco, había logrado escapar en diciembre de un hospital de la ciudad de San Pablo, en Brasil, donde esperaba ser extraditado a la Argentina.
A partir de ese momento el personal de la policía internacional con sede en Argentina comenzó a rastrearlo hasta que, tras una serie de tareas de inteligencia, encontró una pista que los llevó a la ciudad de Punta del Este, en Uruguay. Según dejaron trascender fuentes de la investigación al momento de la detención, Trusso se había alojado en un lujoso departamento frente al mar.
En la misma causa, su hermano Pablo Trusso acusó a Pedro Pou, por entonces a cargo del Banco Central, de haber presionado a la entidad hasta llevarla a la quiebra. Según su declaración ante Garmendia, Pou había obligado a los Trusso a comprar los bancos de Tandil, Junín y el Baires.
La quiebra del banco afectó a unos 16 mil ahorristas por 64 millones de pesos, pero se calcula que cerca de 400 millones estaban depositados en cuentas off-shore, imputaciones hasta ahora negadas por los Trusso.