La reforma de la Ley de Acefalía recibió un cuestionamiento en la justicia
electoral a raíz de que un abogado realizó una presentación en contra de la
modificación que sufrió el artículo 4 de la norma, que determina que en caso de existir
presidente o vice electo estos deberán tomar el lugar
que dejará Eduardo Duhalde.
La denuncia en contra de la norma la presentó el abogado Ricardo Monner Sanz,
para quien la nueva redacción de ese artículo de la ley 20.972, se opone al
artículo 88 de la Constitución Nacional, hecho que para el letrado lo "afecta
de manera directa".
Para el letrado la reforma de la norma colisiona con la Carta Magna, ya que
explicó que en su artículo 88 esta remarca que "el presidente electo que no
sea previamente funcionario público no deberá asumir la vacancia, porque su
carácter de no funcionario impide cumplir con tal requisito".
Cabe recordar que el artículo citado dispone que "En caso de enfermedad,
ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder
Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución,
muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación,
el congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia,
hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo".
En tanto, la reciente reforma a la ley 20.972 de acefalía presidencial, establece
el siguiente nuevo texto para el artículo 4º de esa norma: "La determinación
recaerá en un funcionario que reúna los requisitos del artículo 89 de la Constitución
Nacional, y desempeñe algunos de los siguientes mandatos populares electivos:
Senador Nacional, Diputado Nacional o Gobernador de Provincia. En caso de
existir Presidente y Vicepresidente de la Nación electos, éstos asumirán los
cargos acéfalos. El tiempo transcurrido desde la asunción prevista en este artículo
hasta la iniciación del período para el que hayan sido electos no será considerado
a los efectos de la prohibición prevista en el último párrafo del artículo 90
de la Constitución Nacional". (la negrita es nuestra)
El letrado afirmó que según lo dispone la Constitución Nacional deberá ser el Congreso de la
Nación quien determine o elija que funcionario público ha de desempeñar la
presidencia, hasta que se haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo
presidente sea electo".
Para Monner Sans, el presidente o vice electos solo se pueden considerar como
funcionarios públicos "luego de haber jurado con motivo de la asunción del cargo
discernido por la voluntad popular".