El pedido de Ozafrain llegó a manos de los jueces de garantías de ese departamento judicial César Melazo, Guillermo Atencio y Néstor De Aspro, quines en el corto plazo deberán expresarse sobre esa solicitud.
El defensor justificó su pedido cuando manifestó que las cifras eran "alarmantes", ya que explicó que "la capacidad ideal de alojamiento de la totalidad de las dependencias policiales platenses es de 93 personas, y en la actualidad se encuentran alojadas 674, existiendo un porcentaje del 720 por ciento de exceso".
En su presentación, comentó que sin importar cual es “el origen del exceso”, el mismo no es compatible con “el respeto a las más elementales garantías constitucionales" ya que opinó que los “números por sí solos evidencian que en el Departamento Judicial La Plata no se cumple con la garantía constitucional que establece que los lugares de detención tienen como función la seguridad y no la mortificación a los detenidos”.
En los pedidos el defensor apuntó que el aumento de la llegada a de gente a las comisarías se debe al “agravamiento de la crisis económica” que viene sufriendo el país en el último tiempo al tiempo que agregó que esto sumado al mayor grado de desocupación han generado, a su vez, mayor marginalidad y criminalidad".
En ese sentido, reflexionó que los factores socio-económicos, que confluyeron con los efectos producidos por la reforma al régimen excarcelatorio de febrero de 2000, “se han convertido en una combinación explosiva que conduce a la imposibilidad de alojar humanamente a la totalidad de los detenidos en la Provincia".
Asimismo, aseveró que el hecho de que se violen las garantías constitucionales hace que se torne “admisible la acción de hábeas corpus deducida toda vez que dicha vía se halla prevista en la Constitución provincial para el caso de agravamiento arbitrario de las condiciones de detención".
Para el jefe de los defensores el reclamo de la sociedad frente a la inseguridad no puede justificar “que en el aparente conflicto de intereses decida violar la Constitución, convalidando el hacinamiento de detenidos para preservar, en apariencia, la seguridad de los ciudadanos".
También, destacó que el elevado número de detenidos “no permite a los funcionarios policiales que se avoquen a su función específica, como lo es prevenir y combatir la delincuencia”
El defensor expresó que se debía cumplir en primer lugar con el principio consagrado en el artículo 144 del Código Procesal Penal: "El imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario".
Además, se refirió a "alternativas a la prisión preventiva, que consisten en opciones menos graves que la privación de la libertad y que el juez de Garantías puede emplear si advierte la inconveniencia de imponer el encierro como medida cautelar".