Los abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), ratificaron hoy su denuncia contra la Policía Federal por "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad" durante la marcha del 26 de noviembre último, donde efectivos de la fuerza al mando del comisario Capuchetti impidieron el paso de los manifestantes durante siete horas en el Puente Pueyrredón argumentando una supuesta orden judicial para realizar "cacheos" a los marchantes antes de dejarlos pasar a la Capital. Además de ratificar la denuncia en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, los abogados María del Carmen Verdú, Daniel Stragá y Gerardo Etcheverry brindaron extensas declaraciones testimoniales, ya que los tres estuvieron en el lugar. Para Verdú "algún funcionario tiene que hacerse cargo de la orden de cacheo, por la cual se interrumpió el tránsito sobre el puente durante horas".
Denunciantes investigados
El juez federal Norberto Oyarbide inició una investigación para determinar la veracidad de una denuncia formulada por el abogado Oscar Colombo, quien aseguró que a través de llamados anónimos le indicaron que la Oficina Anticorrupción envió a un banco en Nueva York una suma de dinero, correspondiente a una donación que había recibido la Oficina de Ética Pública (antecesora de la OA) del Banco Internacional de reconstrucción y Fomento. El fiscal Carlos Stornelli ya le pidió al juez que llame a declarar a un funcionario del Banco Nación para determinar si -tal como se denunció- el dinero salió de una cuenta que la OA tiene en la entidad estatal. Según la denuncia de Colombo, presentada la semana pasada el dinero presuntamente girado "excede las necesidades operativas" del organismo del Ministerio de Justicia.