Mediante un comunicado que lleva la firma de Víctor María Vélez, juez de Cámara de Córdoba y Presidente de la Asociación de Magistrados de esa provincia, Pedro Roldan Vázquez , juez de Cámara de Tucumán y Luis María Chichizola, fiscal general de San Martín, en su carácter de miembros de la Comisión Ejecutiva de la Red Argentina de Justicia para la Democracia, esa entidad se pronunció críticamente contra la posibilidad de que el actual gobierno cubra la vacante dejada por Gustavo Bossert en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para la agrupación, que reúne a numerosos integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público de la República Argentina, "la deslegitimación que hoy día sufren las instituciones se debe, en buena medida, a la manipulación que en el pasado se ha hecho de ellas".
"Por ello, consideramos necesario que los tribunales superiores, y muy especialmente la CSJN -por todos los cuestionamientos que sobre ella pesan- sean integrados por profesionales inobjetables, cuyas postulaciones sean públicas, al igual que la elección se realice en audiencias públicas con posibilidades de oposición y/o impugnación por parte de la ciudadanía".
De esta manera, la entidad salió al cruce de las negociaciones que en el Senado se realizan entre justicialistas y radicales a fin de dar acuerdo para que el presidente provisional de ese cuerpo, Juan Carlos Maqueda pase a ocupar el sitial que dejó tras su renuncia el ex ministro de la Corte Gustavo Bossert.
El Ministerio de Justicia envió el pliego a última hora de la tarde de ayer, mientras que el presidente de la Nación Eduardo Duhalde exaltó la figura del jurista cordobés, cuyo nombre venía siendo mencionado desde semanas atrás.
La Red Argentina de Justicia para la Democracia fue creada a principios del pasado mes de noviembre y, entre sus objetivos, busca "promover la defensa y plena realización de los valores democráticos; combatir la corrupción y la impunidad; garantizar el efectivo acceso a la Justicia para todos los habitantes de la República; facilitar la participación y el control ciudadano en las decisiones jurisdiccionales; favorecer la democratización de la organización judicial y auspiciar la implementación de mecanismos de selección y remoción de funcionarios y magistrados que garanticen la conformación de una Administración de Justicia confiable".